La Universidad de Alicante cifra en 15.323 los empleos que se perderán por la subida del caudal ecológico del Tajo

La subida del caudal ecológico que aprobará el Consejo de Ministros supondrá una pérdida de 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería y 15.323 empleos en el Levante, según ha desvelado un informe de la Universidad de Alicante, informa el director de la cátedra del Agua, Joaquín Melgarejo.

Melgarejo ha hecho este anuncio este lunes tras la Asamblea General del sindicato de regantes, en el que se aprobó acudir el 11 de febrero a las puertas del ministerio para la Transición Ecológica para protestar contra la modificación del real decreto del Consejo Nacional del Agua, que fija en Aranjuez 7 metros cúbicos de agua por segundo, lo que supone "cercenar el trasvase".

El informe presentado a los regantes calcula un valor patrimonial que se vería afectado hasta 2027 del entorno de los 5.692 millones, y un incremento en 105 hectómetros cúbicos en el déficit estructural de la cuenca del Segura calculado en su plan hidrológico ya en 290 hm3.

El presidente del sindicato de regantes, Lucas Jiménez, animó a la sociedad civil, a las mesas del agua de las tres provincias y a organizaciones sociales y económicas a acudir a Madrid a protestar por la grave consecuencia que supondrá la decisión del Consejo de Ministros.

Jiménez se reunirá hoy martes con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a quien pedirá que junto con el presidente del PSRM, José Vélez, se hagan fuertes frente al presidente manchego Emiliano García Page en la defensa del trasvase.

Melgarejo ha recalcado que el incremento de caudales ecológicos no tiene ninguna justificación técnica ni económica y que en nada beneficiará al río Tajo, al tiempo que calificó de "auténtico engaño" argumentar que se hace porque en Madrid no se depuran adecuadamente las aguas residuales que vierten al río porque esa comunidad no incumple ninguna directiva europea en tratamiento de aguas, por lo que consideró "arbitraria" tal decisión.

Recordó que el 29 de noviembre en que fue aprobado en el Consejo Nacional del Agua tal incremento la Generalitat Valenciana se abstuvo, por lo que ahora no se entiende que desde allí se diga que se opondrán en el Consejo de Ministros, cuando ni están presentes y con ello se lanza un mensaje equívoco a la opinión pública.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, ha puesto sobre la mesa serias dudas sobre la legalidad de lo que aprobará el Consejo de Ministros por las deficiencias encontradas durante el proceso de proyecto de real decreto, como no responder las alegaciones de los usuarios, a los que se dejó al margen.

Además una elevación tan importante de los caudales ecológicos, añadió, iría en contra de la legislación del trasvase y de los derechos de sus usuarios, y generaría un problema de jerarquía normativa que podría llegar a la anulación de toda la planificación del Tajo, por no hablar de la reclamación de responsabilidad patrimonial a entidades y usuarios perjudicados.