La PAC, Ucrania, denominaciones y precios alimentarios marcan la agenda de 2023

La nueva Política Agraria Común (PAC), el impacto de la guerra de Ucrania, los precios de los alimentos y la revisión de las normas sobre las denominaciones de origen marcan la agenda agroalimentaria de la Unión Europea (UE) de 2023.

Cuatro eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE), tres españoles, han repasado los desafíos del año que empieza y los principales asuntos de debate en las instituciones de la Unión Europea (UE) de interés para los agricultores y los ganaderos.

El presidente de la comisión parlamentaria, el alemán Norbert Lins (Partido Popular Europeo PPE), Clara Aguilera (PSOE), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) y Adrián Vázquez (Ciudadanos) analizaron 2023 en sus respectivas entrevistas con Efeagro durante el último Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El gran reto es la puesta en marcha de la nueva PAC, la más ambiciosa de la historia de la UE desde el punto de vista ambiental y que tiene entre sus novedades el incremento de responsabilidad de los Gobiernos a la hora de decidir su aplicación.

Pero habrá muchos otros debates "sobre la mesa", augura el presidente de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara.

"Continuarán nuestros debates sobre seguridad alimentaria y sobre cómo garantizar las mejores condiciones para que produzcan nuestros agricultores", ha recalcado.

También se ha referido a dos regulaciones: la del uso sostenible de pesticidas y la directiva sobre emisiones industriales, "muy ambiciosa", y que puede afectar mucho a la ganadería.

INCERTIDUMBRE SOBRE LA GUERRA

Clara Aguilera ha pedido "a los Reyes Magos" que acaben la guerra y la invasión rusa.

Ha recordado las consecuencias que el conflicto ha acarreado, como un incremento de costes energéticos y la pérdida de capacidad productiva industrial y de insumos como los fertilizantes, pero los agricultores y los ganaderos no tuvieron capacidad de repercutir esos gastos en los precios finales de sus productos.

Además, Aguilera ha abogado por un giro en las medidas de apoyo al mundo rural y que se "corrijan" las políticas comerciales para que los productos de México o de Mercosur, por ejemplo, cumplan los mismos estándares que los cultivados en la UE.

EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS

La eurodiputada y jefa de la delegación de Unidas Podemos (UP) en el PE, María Eugenia Rodríguez Palop, ha defendido una "intervención" de los Gobiernos en el comercio de los alimentos, para evitar prácticas especulativas.

Ha abogado por "intervenciones quirúrgicas" en toda la cadena de producción y comercialización, si bien ha precisado que "intervenir no es solo corregir el precio (de los alimentos), es evitar que se generen prácticas especulativas.

Por otra parte, Rodríguez Palop ha apuntado que aparte de la PAC habría que promover "otras políticas" para proporcionar en esos territorios servicios públicos y hacer atractiva la agricultura para las mujeres y para los jóvenes.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

El eurodiputado y jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo (PE), Adrián Vázquez (liberales, Renew), ha defendido el fomento de producciones agrícolas y un consumo "de cercanía" para abaratar los alimentos.

"Lo que tenemos que hacer es reducir los costes de producción y fomentar los productos de cercanía, tenemos que facilitar las cadenas de suministro, pero para hacerlo tienen que ser rentables", ha señalado.

Vázquez, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, es ponente del informe del PE sobre la propuesta para revisar la legislación de las Denominaciones de Origen e indicaciones de calidad.

El reto es facilitar los trámites burocráticos y administrativos para poder registrar los productos y comercializarlos, ha explicado.

En ese sentido, ha recordado que una de las cuestiones más controvertidas es que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) de Alicante pase a gestionar esas figuras de calidad en lugar de mantenerlas en el marco de la PAC, lo que critican las denominaciones.

Ha detallado que el sector pide que "la parte política" siga en manos de la Comisión Europea y que la agencia de Alicante se quede con la parte administrativa.