Miles de personas protestan en Madrid contra recortes en el trasvase Tajo-Segura y exigiendo la dimisión de Ribera

Miles de personas -11.000 según los organizadores, 7.000 según la Delegación del Gobierno- se han manifestado este miércoles frente al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para pedir la continuidad del trasvase Tajo-Segura, en lugar de su reducción en favor del caudal ecológico del Tajo.

Convocados por la plataforma Círculo por el Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, empresas, colegios profesionales, universidades, regantes y políticos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía se han concentrado al grito de "agua, agua, agua".

Así, el director de la Federación de exportadores hortofrutícolas Fepex, José María Pozancos, ha advertido de que si se recorta la disponibilidad de agua "el volumen de frutas y hortalizas se reducirá y los ciudadanos no podrán acceder a una dieta saludable asequible".

El presidente de la federación hortofrutícola murciana Proexport, Mariano Zapata, ha señalado que la decisión de Miteco "amenaza con acabar con más de 15.000 empleos y miles de hectáreas de regadío, sin un aval científico".

Uno de los agricultores presentes, José María Navarro, de Albatera (Alicante), señalaba que el agua se paga hoy a un precio "carísimo, a unos 60 euros la hora de riego", pero "si siguen adelante los planes del ministerio el precio será inasumible, en torno a los 250 euros la hora".

Entre los políticos que han acudido a la protesta figuraban senadores y diputados en las provincias de Levante de todos los partidos políticos, así como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, las consejeras del área de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro, y de Andalucía, Carmen Crespo, y los alcaldes de poblaciones especialmente afectadas como el de Lorca, Diego José Mateos, o el de Elche, Carlos González Serna.

Todos ellos han criticado la decisión del Miteco calificándola de "política", "partidista", "caprichosa" e incluso "sectaria".

Han asegurado, como en el caso de López Miras, que "no existe ni un solo informe científico o técnico que justifique o avale que el recorte al trasvase conlleve consecuencias positivas de tipo medioambiental, económico o social".

El presidente murciano ha insistido en que el Gobierno central "tiene que garantizar el agua a todos los españoles en las mismas condiciones, lo que no está pasando en España".

Ha augurado que para al menos dos millones y medio de familias del Levante este recurso se convertirá en "un bien de lujo, más caro y escaso".

La manifestación ha recibido también el apoyo del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha señalado en un tuit que su partido "exige hace años un Plan Nacional del Agua que contemple la conexión de todas las cuencas y reconozca el esfuerzo de los regantes".

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presente en el foro Spain Investors Day, ha pedido "tranquilidad" y ha defendido la decisión del Gobierno, basándola en "un criterio exclusivamente técnico" determinado por las demarcaciones hidrográficas.

Esas demarcaciones son las encargadas de fijar el caudal ecológico de todos los ríos, también del Tajo, a lo que se suma "el respeto a la ley europea, la nacional y la jurisprudencia" incluyendo las sentencias al respecto.

Tras resaltar el "consenso" obtenido al respecto en el Consejo Nacional del Agua, la ministra ha indicado que, en lugar de imponer el caudal desde el primer día, lo que se ha hecho es proponer "una aplicación progresiva" para dar tiempo a acometer inversiones que "generarán más agua adicional".

Ha cifrado la financiación en más de 8.000 millones en casi cinco años, lo que en el futuro permitirá disponer "de mucha más agua" sin que las autonomías afectadas "tengan que depender de la cabecera del Tajo".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está abierto a un acuerdo nacional del agua que garantice la sostenibilidad y el reparto de recursos hídricos.

Pero Page apoyará un acuerdo sin renunciar a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, sin condicionantes, como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre, y como señalan las sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en Toledo, ha dejado claro que Page no quiere otra "guerra del agua", sino que está abierto a alcanzar un acuerdo nacional "sin partidismo, sectarismo ni egoísmo", para que se pueda regar y disfrutar de la naturaleza también durante las siguientes generaciones.