López Miras pide que se calculen las consecuencias para el Estado de recortar el trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno de España que haga un "ejercicio de reflexión" para calcular lo que supondrá a nivel económico, social y medioambiental el recorte de las aportaciones del trasvase del Tajo al Segura.

Miras se ha mostrado convencido de que, si se hace ese análisis, no se puede apoyar el recorte.

Miras ha hecho esas consideraciones en un foro sobre la industria agroalimentaria organizado por el Banco Santander, que se celebra un día después de la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid para reivindicar el mantenimiento del trasvase, y en la que él mismo participó.

"Para ser conscientes de la importancia de la realidad de la infraestructura más solidaria y que más ha aportado a España, todos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que supone el trasvase en nuestro ámbito", ha dicho, y ha indicado que es algo que ya se ha hecho en la comunidad autónoma de Murcia.

De dejar de recibir agua del Tajo, ha dicho, se perderían de manera automática más de 25.000 puestos de trabajo directos y hasta 100.000 indirectos, con un fuerte impacto social y económico en todos los sectores, no solo en la agricultura, sino también en numerosas industrias que la abastecen o el transporte, por poner algunos ejemplos.

A nivel nacional, la balanza de exportaciones perdería unos 18.000 millones de euros, ha dicho, los que proceden de las exportaciones de frutas y verduras del Levante, que son el 70 por ciento del total que realiza el país.

Esto no solo tendría un impacto económico, ha insistido, también en cuanto al abastecimiento y los precios de los alimentos.

Asimismo, ha recordado que 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería reciben agua del trasvase para el consumo humano, por lo que ha insistido en la necesidad de que a nivel nacional se tome conciencia de la importancia del trasvase.

Respecto al cambio climático, ha defendido que el agua del trasvase riega 55 millones de árboles, un “sumidero de CO2”, ha dicho, capaz de absorver los gases equivalentes a los que genera una ciudad de 350.000 habitantes.

Por todo ello, ha insistido en que “las decisiones políticas tienen muchas consecuencias y, por lo tanto, deben estar avaladas por informes objetivos, técnicos y científicos”, algo de lo que carece el proyecto del Ejecutivo central con respecto al trasvase, ha dicho.

Así, ha considerado que debería ser fácil revocar la decisión, puesto que ningún criterio, salvo el político, la avalan, y aunque ha reconocido que incluso con un dictamen en contra del Consejo de Estado, el Gobierno puede llevar a cabo el recorte del trasvase, ha insistido en que la comunidad autónoma no se dará por vencida ni caerá en el “desaliento”, porque “la batalla no está perdida”.