El Consejo de Estado abordará este jueves los planes de cuenca, incluido el del Tajo

El Consejo de Estado abordará este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, que supondría una reducción de las aportaciones al trasvase al Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas.

El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

La "nueva batalla por el agua" se sitúa a finales del 2022, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el 3ª ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los "caudales ecológicos": caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.

En el plan del Tajo, la implantación de dichos caudales significará un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura, lo que supondría para las cuencas receptoras -Alicante, Murcia y Almería- la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante, según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats).

La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.

Desde el Gobierno valenciano han apelado para que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año, y han pedido al Consejo de Estado que el documento sobre los planes que se les remitió para su estudio sea "el acordado y votado" en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 noviembre.

Dicha petición -apuntan desde la Generalitat- se basa en "defectos en la tramitación del proyecto" en referencia al cambiar y sin aviso previo, la disposición adicional novena y, sobre todo, la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El primer texto de esa disposición ligaba los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental de las masas de agua, aprobado mayoritariamente en dicha reunión del Agua; sin embargo, según la Generalitat Valenciana, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a una nueva redacción del texto, que no fue sometida a debate y votación.

El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

Para la Generalitat, el texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, "es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado".

Por su parte, Castilla-La Mancha (cuenca cedente) ha alegado que en dicha reunión el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció "in voce", y previo a la votación del plan del Tajo, la eliminación de la "condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos", y que tras ello, el documento fue aprobado.

Por tanto, para Castilla-La Mancha, "cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de dichos caudales en el Tajo carece de validez", dicen desde la Junta, e inciden en que los caudales son una "determinación impuesta" por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas desde 2019.

Asimismo, en dichas alegaciones Castilla-La Mancha también ha recordado que debe respetarse la prioridad de la cuenca cedente, pues en la región también se necesita el agua para el abastecimiento humano de los habitantes, especialmente en el medio rural.

También ha señalado Castilla-La Mancha que la implantación de un régimen progresivo y automático de caudales ecológicos en el Tajo fue aceptado por la mayoría de los participantes en los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua, teniendo en cuenta que la progresividad tiene su razón de ser en que las zonas beneficiadas por el trasvase pueden ampliar su capacidad de desalinización desde ahora hasta el 2023.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el documento del plan del Tajo remitido al Consejo de Estado es el que fue "respaldado mayoritariamente" en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que afirman desde el Gobierno valenciano.

En la reunión del Consejo Nacional del Agua se logró "un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso" -el caudal ecológico- que se debe respetar porque es legislación, porque hay sentencias, porque se necesita y porque "es un río compartido", aseguró días atrás la ministra.