Andalucía cree que caudal ecológico del Tajo se debe a un "pacto contra natura"

La Junta de Andalucía "llegará hasta donde haya que llegar para defender los intereses de los andaluces con la solidaridad del agua", según la consejera de Agua, Carmen Crespo, quien ha asegurado este miércoles que el caudal ecológico del Tajo se debe a un "pacto contra natura".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en Madrid, donde ha sostenido que el dictamen del Consejo de Estado sobre el Plan Hidrológico del Tajo "recoge las alegaciones de Andalucía", además de incidir en que no existe "coordinación entre el Tajo y el Segura", cuando debería haberla en los planes hidrológicos de ambos ríos.

Ha recordado que este caudal ecológico supone un recorte de 105 hm3 en el trasvase del Tajo Segura, y ha insistido en que a pesar del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la necesidad de crear caudales ecológicos, no se precisa el volumen de los mismos.

De esta forma, mantiene que los estudios científicos manifiestan que con 6 m³ por segundo se puede cumplir con esta exigencia, pero el Plan Hidrológico del Tajo lo establece en 8,65 m³ por segundo, una decisión “injusta a sabiendas”.

Crespo ha aseverado que el Gobierno sube los caudales ecológicos por un "pacto contra natura, un pacto ideológico que quiere restar a los trasvases de este país". "Los trasvases son la demostración de la solidaridad de España entre regiones. Lo que sobra unos territorios que venga a otros que podemos transformarlos", ha mantenido.

La consejera ha recalcado que hay que llevar el agua a los territorios secos de todas las formas posibles, ya sea con aguas regeneradas o desaladas, pero también con trasvases, por lo que ha censurado este "ataque a la solidaridad del agua".

Teme que mientras en España este agua se perderá en regiones como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, "en Portugal aprovecharán esto mientras se produce un atropello a los intereses de los levantinos”.

Ha insistido en que en el Consejo Nacional del Agua se había llegado a un acuerdo de 7 m³ por segundo, al que “dio carpetazo” un Gobierno que “rompió de forma unilateral” el mismo.

“No nos queda más remedio que defender a nuestros ciudadanos, defender a los almerienses. Somos un gobierno de Andalucía y el presidente de la Junta tiene el deber y la obligación de defender a los ciudadanos en toda su comunidad de un atropello de estas características”, ha sostenido.

Por ello, ha apuntado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian ya cómo poder recurrir al Tribunal Supremo, aunque ha precisado que la intención es hacerlo de la mano de las otras comunidades autónomas afectadas, como ya ha pasado en otras ocasiones con este “atropello del Estado que no tiene perdón”.

Así, ha revelado que ya se ha contactado con las otras regiones, “especialmente con Murcia”, para abordar cómo se realiza esta defensa conjunta de los intereses de estas comunidades autónomas.