Laboral

Investigadores de 12 países buscan mejorar la seguridad laboral agrícola

sábado, 28 de enero de 2023


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Investigadores de España y otros 11 países buscarán durante cuatro años herramientas e innovaciones para mejorar la seguridad laboral y la prevención de accidentes en la agricultura.


El proyecto "Safehabitus" tiene como objetivo evaluar y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral en el medio rural, según han informado fuentes del Centro Internacional para Estudios Agronómicos de Mediterráneo (Ciheam) de Zaragoza.


Se trata de un trabajo con financiación de la Unión Europea (UE) y fondos Horizonte2020 -que costean proyectos de investigación trasnacionales- coordinado por la Autoridad de Desarrollo Agrícola de Irlanda y en el que participan organismos de otros 10 países comunitarios y del Reino Unido.


Por la parte española están involucrados el Ciheam, Oxfam Intermon y la Universidad Pontificia de Comillas.


El objetivo es contribuir a mejorar las condiciones laborales en la agricultura, con atención a los emigrantes, y promover el "trabajo ético en la producción agro-alimentaria", según Ciheam, que también ha enmarcado esta iniciativa dentro de la nueva Política Agraria Común (PAC).


La PAC establece que a partir de 2025 haya una "condicionalidad social" de las ayudas obligatoria, es decir que su concesión esté vinculada al cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de determinadas medidas de carácter laboral; España aplicará este requisito en 2024.


Los responsables del proyecto han resaltado que la agricultura es una de las actividades con más riesgos en Europa (un 18 % superior al peligro de otros sectores) y que según las estadísticas comunitarias la tasa de mortalidad en los accidentes de la producción agrícola es un 233 % superior a la de otras empresas.


Entre los métodos que SafeHabitus aplica figuran la narrativa o "story telling" digital con personas que sufrieron accidentes, análisis de herramientas, contactos políticos y sondeos de mercado sobre la voluntad de los consumidores de pagar por alimentos que acrediten la protección sanitaria y la seguridad.


El proyecto implicará la colaboración con organismos como el Comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), los sindicatos agrícolas comunitarios de EFFAT o el comité que agrupa a los jóvenes agricultores (CEJA).

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