Distribución y transporte

Los supermercados lamentan la "presión normativa" que duplica a la de antes de la pandemia

lunes, 6 de febrero de 2023


Supermercado etiquetado precios (Foto Junta de Andalucía)


En el año 2022 se aprobaron casi 1.000 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, lo que implica una media de 2,7 desarrollos legislativos al día y duplica el número de 1,3 normas diarias de 2019, esto es, antes de la pandemia.


Así lo ha asegurado la patronal de supemercados Asedas citando los datos WorldLex, que señala que durante los años 2020 y 2021 se batieron récords derivados de la normativa Covid, con 8,9 y 7,5 normas diarias, respectivamente.


Sin embargo, Asedas ha asegurado que la vuelta a la normalidad sanitaria "no ha supuesto una relajación" de la presión normativa sobre los establecimientos comerciales con respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria.


Según han advertido, esta situación "preocupa" por el "gran esfuerzo económico y administrativo" que supone para las empresas de distribución su seguimiento y aplicación –a veces en tiempo récord-.


En este caso, citan lo ocurrido el pasado mes de diciembre con el cambio temporal de los tipos de IVA a algunos productos de alimentación.


Según el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, "la carga normativa sobre el sector del comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso".


La patronal se ha apoyado en un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos para la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE titulado "La mejora de la calidad institucional del comercio en España. Cuantificación de su impacto económico y social" que cuantifica las consecuencias económicas de la alta presión normativa a la que está sometido el sector.


Según Asedas, destacan la no creación de 88.000 empleos, un incremento del IPC de 1,7 puntos, un impacto negativo en la inversión de 770 millones de euros anuales y, paradójicamente, una reducción de la recaudación fiscal de la administración de 870 millones de euros anuales.


Ante esta realidad, proponen adoptar el silencio administrativo positivo, la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable, la racionalización fiscal o la digitalización de la Administración pública. 


PNGC


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