Asaja exige que se elimine la expropiación de tierras de la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha

La organización agraria Asaja de Castilla-La Mancha ha exigido al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios que se elimine la expropiación de tierras del proyecto de Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, ya que "socava" el derecho a la propiedad privada.

Así lo han puesto sobre la mesa el presidente en funciones de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda; la miembro del Comité Ejecutivo María Ángeles Rosado; y la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, en una rueda de prensa para analizar el nuevo proyecto normativo del Ejecutivo autonómico que está en tramitación en las Cortes regionales.

Fresneda ha explicado que la organización agraria se ha reunido con los partidos con representación en la Cámara autonómica para hacer sus observaciones y pedir un cambio en parte del articulado, con el objetivo de "proteger la propiedad privada de los agricultores y que no haya ninguna medida que afecte al agricultor, por pequeño que sea", con planteamientos -ha dicho- más propios de "hace 60 años".

María Ángeles Rosado ha incidido en que la nueva norma "no viene a traer soluciones a los problemas tan graves que tiene el sector agrario, sino que viene a aportar problemas nuevos".

En este sentido, ha indicado que no cree que sea de aplicación el Banco de Tierras que recoge la ley porque se plantea que se haga a través de expropiaciones y si bien dice que tendrá un carácter informativo, en otro artículo recoge que se podrá realizar la adjudicación de tierras en propiedad o en régimen de cesión administrativa.

Rosado ha apuntado que la norma contempla que las tierras susceptibles de entrar en el nuevo Banco serán las que no tengan un aprovechamiento agronómico óptimo, pero ha lamentado que no explica qué se considera "infrautilizada" a la vez que ha aseverado que puede haber muchos motivos por los que un agricultor no cultive la tierra en un período de dos años, tal y como se establece.

Además, ha resaltado que el Consejo Consultivo ya ha advertido a la Administración regional de que la regulación propuesta presenta "contradicciones insalvables" de las que se deriva "incertidumbre" y que tales "imprecisiones e incongruencias" no garantizan el principio de seguridad jurídica, que "socavan el derecho a la propiedad privada" y que tampoco garantizan seguridad en la aplicación de la Ley del procedimiento administrativo común.

Por otro lado, Rosado ha preguntado también al Gobierno regional que si el objetivo es que esas parcelas del Banco de Tierras se puedan destinar a la incorporación de jóvenes agricultores, si les dará tierras que no son productivas ni rentables.

Del mismo modo, ha criticado que la ley quiere primar las explotaciones familiares que son "pequeñas e inviables" por las condiciones que atraviesa del sector y no apuesta por la subsistencia de empresas grandes, por el agricultor profesional y por el relevo generacional, ya que a pesar de que el Ejecutivo autonómico afirma que se han incorporado 4.000 jóvenes a la agricultura, Asaja señala que los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que solo el 0,44 por ciento de agricultores tiene menos de 24 años y que el 44,5 % supera los 65 años.

Preguntado por la respuesta de los partidos políticos a las reivindicaciones de Asaja, Fresneda ha respondido que todos van a presentar enmiendas al proyecto de ley, "unos para salir del paso, otros porque quieren y otros para socavar la credibilidad del Gobierno en sede parlamentaria", así como ha afirmado que no tiene por qué haber un Banco de Tierras sino que se pueden producir acuerdos entre quien quiere vender una propiedad y quien la quiere comprar.

De hecho, Rosado ha añadido en este punto que Asaja ha planteado algunas medidas alternativas como dejar de cobrar el IBI si un agricultor arrienda una tierra o que la Administración ejerza el derecho al retracto en una venta para hacerse con una propiedad determinada, pero que no tenga que pasar en cualquier paso por la expropiación.