Planificación Hidráulica

Fenacore y Unión de Uniones piden paralizar la demolición de embalses

jueves, 11 de mayo de 2023


Presa descarga agua embalse (Foto Recursos Fenacore)


La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han pedido la paralización de la política de demolición de embalses ya que sirven para almacenar reservas estratégicas de agua.


Ambas organizaciones han presentado a los grupos parlamentarios del Partido Popular y de VOX una propuesta conjunta de proposición no de ley para que se revise la política del Gobierno de demolición de estas infraestructuras, necesarias "sobre todo en situaciones de sequía tan frecuentes" como la actual.


En un comunicado difundido este miércoles, Fenacore y Unión de Uniones han señalado que han mantenido con esos grupos la primera de una ronda de reuniones que quieren extender al resto de las formaciones parlamentarias en los próximos días.


Han agradecido al Grupo popular y a VOX la "buena acogida de las propuestas" y han expresado su deseo de poder recabar más apoyos para que la iniciativa salga adelante.


Entre 2005 y 2022, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos ha supuesto la demolición de 767 presas y azudes, considerados obstáculos obsoletos al natural discurrir de los cauces fluviales, según estas fuentes.


Los regantes y los agricultores han considerado que dicha estrategia solo ha tenido en cuenta hasta ahora criterios de carácter ambiental para evaluar la obsolescencia de estas infraestructuras, sin ponderar el impacto socioeconómico de su desaparición, sobre todo en épocas de sequía.


Han llamado a incluir en la toma de decisiones criterios que tengan en cuenta la aridez de gran parte del territorio y la necesidad de regulación para asegurar la disponibilidad de recursos.


Las organizaciones también han destacado la necesidad de evaluar la utilidad de las infraestructuras para el abastecimiento de poblaciones, el uso agrícola u otras demandas, así como las posibles compensaciones o alternativas para los afectados por su eventual demolición.


En su opinión, las obras de demolición deben estar sujetas a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y a los trámites de información pública y audiencia a los interesados para dotar de transparencia a los procedimientos. 


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