El Congreso aprueba la Ley para la prevención del Desperdicio Alimentario

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley para la prevención del Desperdicio Alimentario, que fija un régimen sancionador a las empresas y que avanza hacia su ratificación en el Senado.

Los diputados han respaldado, con 269 votos a favor, 70 abstenciones y ningún voto en contra, el proyecto legislativo cuyo objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir desde el campo hasta el hogar, pero con enmiendas acordadas por los grupos parlamentarios.

Se han abstenido Vox, ERC y algunos diputados puntuales de EH-Bildu y del Grupo Plural.

El Congreso ha apoyado el texto que sacó adelante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso.

La nueva ley estipula que las empresas de la cadena deberán tener un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

Fija un régimen sancionador que establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, que prevé penalizaciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.

El dictamen aprobado por el Congreso señala que "para lograr que todos los eslabones de la cadena de suministro sean eficientes es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad (...) administraciones públicas, empresas y operadores relacionados con la cadena, asociaciones y bancos de alimentos en su conjunto".

Los objetivos son la prevención, reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos y la promoción de la economía circular y la sensibilización.

El Congreso ha apoyado "reducir la generación de residuos alimentarios de forma que se logre una disminución del 50 % de los desechos per cápita en la venta minorista y del consumo y del 20 % de las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030" respecto a 2020.

Como novedades respecto al proyecto de ley figuran también la exención de microempresas de algunas de las obligaciones y inclusión de las entidades del "tercer sector de acción social" en el conjunto de los agentes que prestan servicios de distribución de alimentos donados.

A FALTA DEL ÚLTIMO TRÁMITE PARLAMENTARIO

La Ley seguirá la tramitación parlamentaria en el Senado; si esta última cámara aprueba enmiendas vuelve al Congreso y si no hay cambios se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor.

Ariagona González (PSOE) ha manifestado que se abre "un tiempo nuevo" y que la ley sitúa la prevención "como el objetivo principal", aunque una vez producido el desperdicio establece "una jerarquía de prioridades para que (lo desechado) no se convierta en residuo".

"Todos los eslabones están incluidos, también las administraciones públicas", según González, quien ha aludido a servicios de restauración en centros públicos como comedores u hospitales, ya que el PP está cuestionando este punto.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, Joseba Agirretxea (PNV), ha asegurado que el texto que sale de esta cámara mejora el proyecto legislativo, ha agradecido las aportaciones de las ONG, si bien ha reconocido que a su grupo le hubiera gustado que se aceptaran sus enmiendas sobre competencias.

Unas 1.300 toneladas al año de alimentos acaban en la basura y tres de cada cuatro españoles tiran comida en su casa, según han manifestado varios grupos.

María Teresa Angulo Romero (PP) ha valorado, entre las mejoras parlamentarias, la diferenciación entre empresas pequeñas y grandes, aunque, al igual que María Carmen Martínez Granados (Ciudadanos) ha lamentado que no se haya aprobado reducir a cero el IVA de las donaciones.

Xavier Eritja (ERC) ha justificado su abstención por considerar que la ley es una declaración de intenciones y se queda "corta", además de compararla con la que aprobó la Generalitat.

Entre las enmiendas debatidas y rechazadas, Joan Baldoví (Compromís), que se ha despedido del Congreso para presentarse como candidato a la Generalitat Valenciana ha propuesto cambiar la norma que restringe la definición de horchata a la que tenga un 10 % de azúcar.