Fenacore critica las limitaciones al uso del agua sin indemnización

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha criticado este viernes que las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico no den derecho a indemnización, tras la aprobación del último paquete de medidas del Gobierno contra la sequía.

Los regantes han apuntado, en un comunicado, que estas limitaciones pueden dar lugar a "actuaciones arbitrarias y a expropiaciones sin procedimiento poco respetuosas con las concesiones y con el Estado de Derecho".

También han señalado que los apoyos directos al sector primario están "muy por debajo de las pérdidas", valoradas en más de 10.000 millones de euros.

De las medidas aprobadas este jueves por el Consejo de Ministros, Fenacore se ha mostrado a favor de las exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el canon de regulación y en la tarifa de utilización de agua para los regantes con dotaciones de recursos hídricos mermadas, como llevaban meses reclamando.

Actuaciones como la apertura de pozos de sequía, la puesta en marcha de obras de emergencia o la culminación del proceso de modernización de regadíos son importantes en opinión de los regantes.

También han apoyado el impulso a la reutilización de las aguas regeneradas en condiciones de calidad y económicas adecuadas para el regadío.

Además, han defendido que se descongele la inversión en obras e infraestructuras hidráulicas no solo para mitigar las consecuencias de las inundaciones y sequías, sino también para garantizar la producción de alimentos.

No obstante, Fenacore ha lamentado que el Gobierno, en materia de planificación hidrológica, no haya tenido en cuenta las aportaciones del sector del regadío, "que sabe dónde se necesita el agua de manera urgente" y cuáles deben ser las obras prioritarias para garantizar los riegos.

La federación ha pedido, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, que el agua "no se convierta en un arma arrojadiza entre partidos" y que se alcance un pacto de Estado que refuerce la colaboración entre los sectores afectados, las administraciones públicas y los grupos parlamentarios.