Hoy entra en vigor el CETA con Canadá, que la UE quiere sea la base para el futuro comercial

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA, comienza a aplicarse a partir de hoy de manera provisional, con la esperanza de la Comisión Europea (CE) de que sirva de base para el futuro de la política comercial comunitaria, aunque aún suscita dudas sobre su legalidad.

"Este acuerdo engloba lo que queremos que sea nuestra política comercial: un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar forma a las normas comerciales globales", indicó hoy en un comunicado el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

El político luxemburgués insistió en que el pacto ha sido objeto de un escrutinio "en profundidad" en la Eurocámara que "refleja el aumento de interés de los ciudadanos en la política comercial", y confió en que a continuación lo aborden los parlamentos de Estados miembros, que deben aún ratificarlo para que sea aplicado de manera integral.

Por su parte, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, hizo hincapié en que el CETA es un acuerdo "progresivo" que "subraya nuestro fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y protege la capacidad de nuestros gobiernos para regular por el interés público".

Malmström hizo alusión así a una de las críticas más recurrentes de los detractores del CETA, que temen que la implantación del sistema de tribunales para resolver litigios Estado-inversor que incluye el acuerdo pueda coartar la capacidad de legislar de los países en favor de empresas.

Ese sistema sólo entrará en vigor cuando el acuerdo haya sido refrendado a nivel nacional por los Estados miembros de la UE.

Precisamente, el pasado 6 de septiembre Bélgica anunció que pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una opinión sobre la compatibilidad del CETA con los tratados europeos.

Bélgica planteará cuatro cuestiones al TJUE, principalmente sobre la competencia del mencionado sistema de tribunales al margen de las cortes públicas.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace lamentó en un comunicado que Canadá tenga estándares de seguridad y etiquetado de alimentos "más débil" que el de la UE, y que su agricultura "dependa más" de pesticidas y cultivos modificados genéticamente, a pesar de que las autoridades europeas han insistido en que sus normativas al respecto no se verán comprometidas por el acuerdo.

En paralelo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) aseguró que el texto final del CETA "no está completamente en línea con nuestras expectativas", especialmente en lo que se refiere a servicios públicos, protección de las inversiones y derechos laborales, por lo que pidió activar la cláusula de revisión del capítulo sobre desarrollo sostenible del acuerdo.

El pasado 30 de octubre la UE y Canadá firmaron finalmente, tras un proceso de siete años, el acuerdo, considerado por ambas partes el más ambicioso que hayan negociado nunca.

A partir de mañana, eliminará los derechos aplicados al 98 % de los productos (líneas arancelarias) que la UE intercambia con Canadá.

También ofrece a las empresas de la UE "el mejor acceso hasta ahora" a empresas de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públicas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y municipal, apuntó la Comisión. 

El Diario Oficial de la UE recogió ayer varios reglamentos que modifican las condiciones de importación de dichos productos agroalimentarios para adaptarlas a la aplicación provisional del pacto con el país norteamericano. El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA) prevé la reducción o eliminación de derechos de aduana en los intercambios de mercancías, entre ellas las agrícolas.

Así, desde hoy entran en vigor nuevos contingentes para las carnes de vacuno y de porcino frescas y congeladas originarias de Canadá. También cambian las condiciones para la entrada de cereales de ese país, con un nuevo cupo arancelario libre de gravámenes de 100.000 toneladas de trigo blando -durante un período de siete años-, con normas transitorias para el primer año de aplicación.

La UE aplica, asimismo, la parte del acuerdo relacionada con las concesiones a las supresiones de derechos de aduana a los productos lácteos.

EN CONTRA

Las entidades vinculadas a la campaña "No al TTIP, CETA y TiSA" -entre ellas la organización agraria COAG- han afirmado, en un comunicado, que es "grave" que se aplique hoy "la mayor parte" del acuerdo con Canadá, "antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales de la UE".

En España, aún está pendiente la discusión y votación del CETA en el Senado.

Dichas entidades han solicitado a los grupos parlamentarios "que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos"