Nueve comunidades autónomas han solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la convocatoria urgente y presencial de la Conferencia Sectorial para analizar la reforma de la PAC 2028–2034, que puede perjudicar a 17.500 valencianos.
El conseller de Agricultura valenciano, Miguel Barrachina, ha reclamado que los cambios se realicen de manera consensuada y acordada, y no impuestos de forma unilateral, como ha ocurrido con el cupo separatista de la financiación o con el agua".
La carta ha sido remitida por las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León, informa la Generalitat valenciana.
Barrachina ha advertido sobre el "grave impacto" que tendría la nueva PAC en los agricultores jubilados que siguen trabajando sus tierras, ya que la propuesta, asegura, les excluiría de las ayudas agrarias, informa la Generalitat.
"Esta medida golpea de lleno a la Comunidad Valenciana, donde cerca de 17.500 agricultores, casi la mitad del total, superan los 65 años", ha señalado el conseller.
En la solicitud remitida al ministro, las comunidades han alertado de que el nuevo modelo planteado "rompe con esta política tal y como la conocemos" y "pone en riesgo el mantenimiento del sector agrícola" nacional.
Según Barrachina, la propuesta presentada por Bruselas "debilita gravemente una política esencial para el campo español" y advierte de que "no podemos permitir que se diluyan sus fondos ni que se desdibuje su finalidad".
"Exigimos diálogo, consenso y claridad sobre el futuro del sector", ha afirmado el conseller.
"Si se consuma este planteamiento, la PAC perderá su identidad y, con ella, buena parte del apoyo que hasta ahora permitía sostener la actividad agraria, especialmente en zonas rurales o con dificultades estructurales. Por eso, reclamamos una reunión inmediata con el ministro para analizar a fondo esta situación y exigir garantías”, ha añadido.
El conseller exige asimismo que los cambios se realicen "de manera consensuada y acordada, y no de forma unilateral, como ha ocurrido con el cupo separatista de la financiación o con el agua, un recurso que es de todos, pero que igualmente ha sido recortado para nuestros regantes sin ningún acuerdo previo".
