Francia no está satisfecha con las concesiones que le ha hecho la Comisión Europea (CE) para aceptar el acuerdo UE-Mercosur y para cambiar de postura querría que los países del bloque sudamericano asumieran la llamada cláusula de salvaguarda.
Fuentes del Ministerio francés de Exteriores subrayaron este martes que su estrategia sigue siendo buscar "una minoría de bloqueo" para impedir la formalización del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que se plantea para el próximo 12 de enero.
La razón es que Francia "no está satisfecha con las propuestas de la CE" aunque admite que en los últimos meses "ha habido mejoras", según las fuentes.
Uno de los principales puntos de insatisfacción que quedan es que la cláusula de salvaguardia, que permitiría suspender temporalmente las preferencias arancelarias a las importaciones de Mercosur de ciertos productos agrícolas considerados sensibles si se detectara un importante incremento en los flujos no está todavía totalmente adoptada y, sobre todo, no ha sido asumida por sus países miembros.
París exige igualmente que las cláusulas espejo que estipulan que sólo podrán entrar en la UE aquellos productos que cumplan las reglas de fitosaitarios, de uso de antibióticos y de hormonas de crecimiento que tienen que respetar los agricultores y ganaderos europeos se apliquen a todos los vegetales y animales.
Y pone una especial atención al hecho de que esas cláusulas espejo no sólo deben existir, sino que se tienen que poder aplicar en la práctica, y eso significa que tiene que haber un dispositivo de control consecuente.
Aunque en los últimos días se ha barajado la posibilidad de que Italia deje de oponerse al acuerdo y deje coja la minoría de bloqueo que lidera Francia, el Gobierno galo asegura que la partida no está perdida, sin querer entrar a la cuestión de la posición de Roma.
Todos los sindicatos agrícolas franceses se oponen de forma tajante al acuerdo UE-Mercosur y esa cuestión ha estado entre las principales reivindicaciones de las protestas que han venido organizando en las últimas semanas, al calor también de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa del vacuno, y que después de un cierto parón en navidad, vuelve a tomar cuerpo esta semana.
En ese contexto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el domingo que su Gobierno adoptará un decreto para suspender la importación de productos con residuos de cinco productos cuyo uso está prohibido en Europa (mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim).
Se trata de un decreto "unilateral" de Francia que se ampara en la legislación comunitaria por considerar que la CE no ha reaccionado de forma adecuada ante la preocupación manifestada por París sobre esa cuestión.
Una vez en vigor, en los próximos días, la CE dispondrá de diez días para analizarlo y debería bien aceptar que el decreto se aplique sólo en Francia, bien oponerse, bien generalizarlo a todos los países de la UE.
Francia asegura, en contra de la lectura que se hizo en el momento del anuncio, que ese "no es un decreto antiMercosur" contra los países sudamericanos, puesto que también están concernidos productos de África o Asia tratados con esas sustancias.
Es -argumenta el departamento de Agricultura- un mecanismo "de protección frente a la competencia desleal y de protección por cuestiones sanitarias".
Aunque oficialmente no forma parte de la agenda de la reunión este miércoles en Bruselas de los responsables de Agricultura de los Veintisiete, el acuerdo UE-Mercosur probablemente estará encima de la mesa.
Sí que es seguro que en Bruselas los ministros hablarán de las implicaciones del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono para el precio de los fertilizantes y Francia pedirá que se suspenda su aplicación para evitar que se encarezcan los costes para los agricultores.
Una posición en la que dice haber reunido en las últimas semanas a más de media docena de países, entre los que están Portugal, Polonia, Irlanda, Italia, Austria o Rumanía.
También se discutirá de la Política Agraria Común (PAC) y París rechazará cualquier reducción de la partida que va a sus agricultores, así como cualquier forma de nacionalización.
