Intervienen cerca de 800 kilos de productos sin garantías de seguridad para su consumo en Úbeda

Intervención de la Guardia Civil y la Inspección Pesquera (Foto Junta de Andalucía)
photo_camera Intervención de la Guardia Civil y la Inspección Pesquera (Foto Junta de Andalucía)

La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha incautado un total de 749 kilogramos de productos pesqueros (merluza, salmonetes, gambas, cañaíllas y patas de cangrejo) en la localidad jiennense de Úbeda, durante una operación conjunta con agentes del Seprona de la Guardia Civil.

En dicha operación, que tuvo lugar a finales de octubre en las instalaciones de Mercaúbeda, fueron decomisados concretamente 295 kilogramos de la especie Merluccius Merluccius (merluza), 2,3 kilogramos de la especie Chaceon Maritae (patas de cangrejo), 3,85 kilogramos de la especie Bolinus brandaris (cañaíllas) y 2,5 kilogramos de la especie Parapenaeus longirostris (gambas), que incumplían la normativa vigente para su comercialización al carecer de los documentos de trazabilidad correspondientes para acreditar su procedencia e identificación y, por tanto, garantizar su seguridad alimentaria.

Además, en el caso de la merluza incautada, un total de 244 kilogramos correspondían a ejemplares inmaduros; es decir,  que no alcanzaban la talla mínima de referencia autorizada para su captura.

La mercancía decomisada fue entregada para su destrucción a la planta de recuperación, compostaje y biometanización 'Sierra Sur' de Jaén.

A esta incautación hay que añadir la inmovilización de 300 kilogramos de la especie Mullus barbatus (salmonete de fango), 72 kilogramos de la especie Merluccius merluccius (merluza), 60 kilogramos de la especie Engraulis encrasicolus (boquerón) y cinco kilogramos de la especie Micromesistius poutassou (bacaladilla); además de 4,3 kilogramos de la especie Parapenaeus longirostris (gambas) y 3,95 kilogramos de la especie Chaceon Maritae (patas de cangrejo) que igualmente carecían de  documentación de compra o de trazabilidad con la que pudiera identificarse o comprobar su procedencia.

Fuentes de la Junta de Andalucía han indicado que se adoptó la medida provisional de inmovilizar la mercancía a expensas del pronunciamiento del veterinario del distrito sanitario sobre su aptitud para el consumo humano.

El objetivo fundamental de estas intervenciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo que respecta a la línea de comercialización, según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap).

Los hechos descritos "pueden suponer incumplimiento de la legislación vigente, estando tipificados como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a dicha normativa", señalan desde el Gobierno andaluz.