Los colegios veterinarios aplazan a marzo la manifestación contra decreto de medicamentos

Veterinario en una granja porcina (Foto CCOO Cataluña) Archivo
photo_camera Veterinario en una granja porcina (Foto CCOO Cataluña) Archivo

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha aplazado a la primera semana de marzo la manifestación prevista para el 18 de febrero ante el Congreso de los Diputados para protestar por el Real Decreto sobre prescripción de medicamentos veterinarios debido a las incidencias meteorológicas y las dificultades de transporte.

En un comunicado, la OCV ha insistido en su intención de mostrar las reivindicaciones de la profesión en una etapa "decisiva" con la elaboración del texto definitivo del proyecto de modificación del real decreto de medicamentos.

Ha defendido la necesidad de introducir en el texto modificaciones que permitan garantizar el "adecuado" ejercicio clínico de la veterinaria, proteger la salud pública y el bienestar animal.

Según la OCV, la información sobre el cambio ha sido enviada al resto de organizaciones integradas en el comité de crisis.

Por su parte, más de una decena de asociaciones -entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino y la Confederación Empresarial Veterinaria Española- han adelantado que no apoyarán la manifestación.

"Esta decisión no obedece a una falta de compromiso, ni a desmovilización (...) nace de la responsabilidad, de la coherencia y de la convicción de que el momento que atraviesa la profesión exige claridad, liderazgo y acciones concretas, no gestos ambiguos", han señalado las asociaciones en un comunicado.

En un comunicado, una decena de asociaciones (entre las que se encuentran también la plataforma Vetsunidos) han recriminado a la organización colegial la ausencia de una "posición nítida", además de la queja por las "decisiones tomadas de forma unilateral".

Para éstas, dicho real decreto no es una norma "técnicamente corregible mediante parches sucesivos", puesto que en menos de dos años ha requerido "múltiples" modificaciones y notas interpretativas sin que, a su juicio, se haya resuelto la "inseguridad jurídica" y el impacto negativo sobre el sector.