Los votos del Partido Popular Europeo (PPE) y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograron este miércoles retrasar un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, la aplicación de la nueva ley europea para que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera no genere deforestación en origen.
Con 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, el pleno de la Eurocámara alineó sus postulados con el Consejo de la UE -los Estados miembros- y retrasó la aplicación de esa normativa, que el año pasado ya había sido postergada doce meses entre fuertes presiones de algunos países y sectores afectados.
Es la segunda vez este mes en la que los partidos de extrema derecha y el Partido Popular Europeo unen fuerzas en un escrutinio sobre una normativa medioambiental, tras haber rebajado también las exigencias a las empresas en materia de diligencia debida, sostenibilidad y responsabilidad corporativa.
"El PPE demuestra que su objetivo es, efectivamente, desmantelar el texto sobre deforestación al volver a aliarse con la extrema derecha en determinadas enmiendas y negarse a defender la propuesta de la Comisión", declaró la eurodiputada verde Marie Toussaint.
El voto de este miércoles es fruto del fracaso de las negociaciones entre populares, socialdemócratas, liberales y verdes para pactar una postura común y supone un nuevo revés a las políticas verdes aprobadas durante la pasada legislatura comunitaria.
La negociadora democristiana Christine Schneider aseguró que la votación "garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que reduce cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores" y promueve "el crecimiento económico y prácticas forestales más sostenibles".
La conjunción de la postura del Parlamento y el Consejo evita que ambas instituciones tengan que incurrir en largas negociaciones para acordar un texto definitivo y hará casi automático el retraso de un año al Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación, EUDR en jerga comunitaria.
"Hemos evitado una situación en la que miles de empresas habrían sido empujadas al caos jurídico y administrativo", señaló el grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos.
Talar árboles
Entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo. El reglamento pretende evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación.
La normativa abarca el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
El texto no gusta a la Administración estadounidense de Donald Trump y ha recibido críticas desde sus inicios también de otros países como Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia o Canadá, y de las industrias madereras o ganaderas.
Pero contaba con el apoyo de grandes productores de chocolate, como Nestlé, Mars Wrigley o Ferrero, de la comunidad científica y de las organizaciones ecologistas.
En medio de esas presiones, la Comisión Europea anunció en septiembre de 2024 que retrasaba un año la entrada en vigor del reglamento, pues las empresas no habían tenido tiempo para adaptarse. Un año después, volvió a pedir una prórroga de un año, esta vez atribuyéndolo a un problema informático.
Finalmente, Bruselas propuso mantener su aplicación desde el 30 de diciembre de 2025, aunque introdujo algunas flexibilidades en las multas y en la burocracia.
Pero cuando la propuesta llegó al Consejo, los países apoyaron que se mantuviera la segunda prórroga, con el voto a favor de 24 capitales, amparándose en la necesidad de "simplificación", uno de los conceptos que más peso ha ganado en Bruselas en el último año.
El Consejo defendió además que el reglamento no se aplique a pymes hasta el 30 de junio de 2027 y que la Comisión Europea lleve a cabo una revisión de simplificación en abril de 2026 para evaluar el impacto y la carga administrativa, en particular sobre los pequeños y microoperadores.
Para el grupo parlamentario socialdemócrata, esa revisión constituye su "principal línea roja" pues "introduce incertidumbre y posibilita futuros aplazamientos de la aplicación en los próximos años".
Ribera valora retirar la Ley
La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, consideró que la tramitación de la simplificación de la ley de deforestación ha supuesto un "chantaje" normativo, pues ha alterado su objetivo original, y abrió la puerta a que el Ejecutivo comunitario retire la propuesta.
"Nos corresponde valorar hasta qué punto ha quedado desvirtuado el objetivo de esa propuesta, y por lo tanto hay que retirarla", declaró Ribera.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario hizo esas declaraciones horas después de que los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograran retrasar un año la aplicación de la nueva ley europea para evitar que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera genere deforestación en origen.
El polémico reglamento ya se había retrasado doce meses para dar más tiempo de preparación a las empresas afectadas y debía empezar a aplicarse el 30 de diciembre de 2025.
Pero el pasado mes de septiembre la Comisión Europea detectó un fallo informático, porque los sistemas de registro no daban abasto para procesar la información, y Bruselas sugirió prorrogar un año más la normativa, criticada entre otros países por Estados Unidos y también por asociaciones agrarias y madereras, pero apoyada también por grandes empresas chocolateras como Nestlé o Mars.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario presentó al Consejo y el Parlamento una modificación muy concreta de ese reglamento, en la que proponía reducir cargas burocráticas a los pequeños operadores y postergar seis meses la aplicación de sanciones, manteniendo la fecha de aplicación a final del próximo mes de diciembre.
Sin embargo, el Consejo de la UE (los Estados miembros) abogó por retrasar la aplicación de esa normativa un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, y también incluyó una cláusula de revisión de la legislación. El Parlamento replicó esa posición, que la Eurocámara aprobó este miércoles por 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones.
"La Comisión fue muy clara sobre qué es lo que estábamos intentando con esta modificación y resolvió todos los problemas que se habían identificado como preocupaciones de los pequeños propietarios de bosques o instalaciones agrícolas que decían que podía ser demasiado complicado reportar esa geolocalización", dijo. Pero en la tramitación de esa simplificación acotada resulta que se apuesta por un retraso más, generando incertidumbre".
"La incertidumbre tiene un coste económico muy alto y en estos momentos, abrir en canal tantas cosas, dar la sensación de que estamos haciendo movimientos pendulares que van mucho más allá de la simplificación, que lo que pretenden es erosionar las bases de nuestro modelo económico, genera una incertidumbre extraordinariamente peligrosa", agregó.
La tramitación por procedimiento de urgencia implica que la modificación no se sometió a un proceso de consulta pública ni a una evaluación de impacto, extremo que Ribera considera justificado porque se trataba sólo de dos puntos muy concretos y definidos.
Pero "si nos encontramos muchos más cambios y dificultades, a lo mejor empezamos a tener problemas también desde el punto de vista de las garantías del procedimiento normativo", señaló.
"Si se retirara, se volvería a la propuesta original, donde los pequeños tenían que hacer más, es decir, iría en contra de los pequeños, y esa ha sido la apuesta chantaje: no me lo retire usted porque ahora los pequeños se me han despistado y cómo van a recuperar esto en tan poco tiempo... Pero, insisto, es una propuesta chantaje", concluyó.
La normativa abarca el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
Entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo. El reglamento pretende evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación.
