Las organizaciones agrarias Unió de Pagesos, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y el Gremio de la Pagesia han denunciado un exceso de presión de las inspecciones administrativas sobre los agricultores, especialmente durante las campañas de recolección.
Las entidades han reclamado a la Administración que aplique un sistema de inspecciones proporcionado a la realidad del campo y que pase del modelo sancionador vigente a un modelo basado en el acompañamiento y la ayuda a las explotaciones.
En este sentido, las entidades han reivindicado su compromiso con el cumplimiento normativo, la dignidad de las personas trabajadoras y su seguridad laboral. Por este motivo, recuerdan, el sector agrario reclama desde hace años la regularización de personas sin papeles, especialmente ante la carencia estructural de mano de obra en la fruta.
En este sentido, las organizaciones piden "seguridad jurídica" en el proceso de adaptación del cambio normativo y así poder "evitar unas sanciones que, especialmente cuando son recurrentes, pueden tener un impacto directo en las ayudas de la PAC, agravando la situación económica de muchas fincas".
Asimismo, las organizaciones denuncian que "el acompañamiento policial en las inspecciones laborales genera una percepción de acoso y una tensión innecesarias". Una dinámica ésta que consideran "sin sentido" y que "choca con una actitud generalizada de colaboración y voluntad de actuar correctamente".
Casos concretos
Las entidades han puesto varios ejemplos de situaciones que suponen un agravio para el campo. Uno de estos ejemplos más graves, dicen, son las sanciones cuando un trabajador utiliza la documentación de otra persona.
Aunque ya hay sentencias firmes que reconocen que los empresarios han sido engañados, las sanciones siguen recayendo sobre las explotaciones agrarias, hecho que el sector considera "injusto" y que habría que revisar los protocolos para que la responsabilidad "no recaiga sobre quien ha dado de alta correctamente a un trabajador en la Seguridad Social y no ha recibido ningún aviso de irregularidad por parte del mismo".
Las organizaciones también han pedido "mayor flexibilidad en el registro horario", especialmente durante la campaña agraria. Un período éste cuando las jornadas pueden empezar en diferentes puntos de la explotación, a menudo sin que la persona titular de la explotación esté presente para supervisar que se lleve a cabo el registro.
Una problemática, añaden, a la que se une la dificultad para aplicar sistemas digitales, ya sea por la brecha tecnológica existente o por la falta de cobertura en muchas zonas rurales. Por este motivo, proponen establecer un "margen razonable de varios días" para completar estos registros sin que ello suponga sanciones.
Asimismo, las entidades también han pedido medidas encaminadas a reducir la carga burocrática como la expedición de certificados válidos por períodos de tiempo amplios que acrediten las formaciones recibidas sobre prevención de riesgos laborales.
En el escenario actual, cada vez que cambian de empresa las personas trabajadoras o se reincorporan a un puesto de trabajo, aunque tengan años de experiencia, deben volver a realizar estas formaciones. Este cambio, afirman, evitaría duplicidades y sanciones y permitiría focalizar recursos en una prevención realmente eficaz.
Inspecciones inconcretas
Por último, las organizaciones agrarias observan que, una vez superados los controles laborales, las inspecciones suelen derivar hacia otros aspectos como la maquinaria o las herramientas de trabajo, algunas de las cuales no están homologadas por el simple motivo de que no existe un procedimiento para cumplir este trámite, lo que supone unas sanciones injustas al campo.
