El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha denunciado este lunes que "el Gobierno de España eliminará el trasvase Tajo-Segura y condenará a la agricultura de la provincia de Alicante".
Así se ha manifestado Miguel Barrachina tras conocer la intención del Gobierno de España de que el Tajo-Segura solo se mantenga para abastecimiento destinado al consumo humano y, de forma excepcional, para el riego en momentos exclusivamente de sequía, además de pedir que las zonas receptoras de caudales apuesten por la desalación para mantener el sector agrícola de regadío.
“Las desaladoras son complementarias, no sustitutivas del agua dulce que viene a través del trasvase", ha recalcado el conseller, ya que "el agua desalada que proponen no es una opción para nuestros cultivos por su calidad, su elevado coste para nuestros regantes y por su grandísimo impacto ambiental negativo".
Esto es así porque, ha continuado, "los caudales que ahora llegan del acueducto pasarán a ser suministrados por desalinizadoras multiplicando por tres o cuatro veces su precio actual, y esto no puede ser asumido por el agricultor, que acabará abandonado”.
El conseller ha indicado que debería haber más infraestructuras hidráulicas que permitan recoger la intensa lluvia concentrada en menos tiempo tanto para defender a las poblaciones aguas abajo como para darle un uso agrario "dado que las etapas de sequía serán más prolongadas.”
Barrachina ha asegurado que la Generalitat Valenciana no permitirá el fin del trasvase y ha asegurado que lo hará desde el punto de vista político y judicial. “Estamos al lado de nuestros agricultores y regantes porque acabar con el trasvase Tajo-Segura supone la destrucción de 22.000 puestos de trabajo y talar 10 millones de árboles”, ha sentenciado.
Ha sostenido que “el Gobierno de España da la espalda a la agricultura de la Comunidad Valenciana" porque "sin agua para regar estamos condenados a convertirnos en el desierto de Europa”.
Por último, el conseller ha lamentado que los criterios políticos se antepongan a los criterios técnicos y ha asegurado que “el Gobierno de España prefiere contentar y mantener callado a (Emiliano García) Page, que garantizar la supervivencia del campo en la provincia de Alicante”.
