El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Roque Luis Bru Bonet, ha asegurado que Portugal “construye infraestructuras hídricas para almacenar y distribuir el agua que en España no queremos utilizar con excusas medioambientales”.
Bru, que también es vicepresidente primero del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), ha señalado que “ningún país serio y coherente puede permitirse recortar a la mitad una infraestructura como el Tajo-Segura sin tener una alternativa efectiva y viable económicamente”.
Durante su intervención en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica, que se ha reunido este lunes en la Asamblea Regional, Bru Bonet ha puesto en valor la labor de los agricultores en relación con el medio ambiente.
“Los agricultores somos los que más cuidamos el medio ambiente porque convivimos y formamos parte de él y en muchas ocasiones creamos ecosistemas que sin nosotros no existirían”, ha resaltado.
Bru ha incidido en que “el trasvase Tajo-Segura es en gran medida la fuente y la despensa de Europa. Siempre lo hemos dicho y ahora la situación geopolítica nos da la razón: no podemos permitirnos perder la soberanía alimentaria ni de España ni de Europa”.
También ha comparecido el catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, quien ha defendido el Tajo-Segura como una “infraestructura irrenunciable”.
Asimismo, ha señalado que los usuarios del trasvase “merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado legítimamente, comprometiendo su patrimonio, en la continuidad de una infraestructura, en base a la cual realizaron importantes inversiones productivas que han transformado la economía del Levante español”.
Molina ha señalado que “el incremento de los caudales ecológicos supone una merma a partir de 2027 de 105 hm, una pérdida del 16% del regadío, unas pérdidas económicas de más de 5.322 millones de euros y el despido de 15.400 trabajadores directos”.
En este sentido, considera que “los caudales fijados resultan desproporcionados, carecen de un respaldo técnico suficiente y adolecen de relevantes defectos formales en su tramitación. Asimismo, fueron aprobados sin una participación efectiva de los usuarios del sistema Tajo-Segura, sin que se promoviera ningún proceso real de concertación, y obvian la condición hidrológica legal de 6 m³/s en Aranjuez establecida en la Ley de 1980 del régimen económico del Tajo-Segura”.
El catedrático ha expuesto que aunque “los volúmenes establecidos han sido validados por el Tribunal Supremo en las sentencias dictadas hasta la fecha, ello no impide que puedan ser revisados en futuros ciclos de planificación”.
Molina Giménez ha advertido que “se ha producido un aumento de los caudales ecológicos, sin que se hayan puesto en marcha las medidas compensatorias que debían mitigar, en parte, la reducción de aportaciones del trasvase, lo que evidencia una grave incoherencia interna en el Real Decreto que aprueba los planes hidrológicos".
"Y el Gobierno continúa sin aprobar una nueva regla de explotación, incumpliendo su propia planificación. Su aprobación debería analizar el impacto sobre los derechos legales de los usuarios del acueducto Tajo-Segura”, ha agregado.
Por último, ha incidido en que “desde 2018 hasta noviembre de 2024, ha habido 27 recortes injustificados en el nivel 3, la cantidad de deuda hídrica con la cuenca del Segura asciende a 198 hm3, por decisiones arbitrarias por parte de la ministra Ribera.
GRUPOS POLÍTICOS
El diputado del grupo Popular, Jesús Cano, ha afirmado que “no existe evidencia científica de que alguien se haya beneficiado de la subida del caudal ecológico del Tajo, excepto Portugal”, al tiempo que ha subrayado que esta medida “sí ha tenido consecuencias directas y negativas para los agricultores y regantes del Levante”.
Cano ha criticado la actitud del Ministerio, asegurando que “no nos escucha” y que “las relaciones con los usuarios son inexistentes”, lo que evidencia, a su juicio, una “falta total de diálogo y consenso” en la toma de decisiones.
Por su parte, el parlamentario del grupo Socialista, Fernando Moreno, ha recalcado que el Tajo-Segura “es irrenunciable”, y ha subrayado que el trasvase no se ha cerrado “ni una sola vez” desde que gobierna Pedro Sánchez, mientras que el PP “lo cerró durante 11 meses en 2017”.
Asimismo, ha criticado al vicepresidente primero del Scrats por “repetir uno de los bulos del PP, en connivencia con Jesús Cano”, en referencia la mención de Bru de un acto de Pedro Sánchez en Albacete en el que dijo que iba a cerrar el trasvase.
Para el parlamentario del grupo Vox, Antonio Martínez Nieto, el recorte de más de 100 hm3 del trasvase Tajo-Segura por la aplicación del caudal ecológico se trata de “una violencia hídrica que se ejerce contra el Levante español, frente a la que tenemos que reaccionar con todos nuestros medios”.
Por ello, ha propuesto presentar alegaciones contra el esquema de temas importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica, en el que “se consolida ese hachazo criminal, en la terminología que usan los propios regantes, contra los intereses económicos de esta zona de España”.
Finalmente, el diputado de Izquierda Unida-Verdes (grupo Mixto), José Luis Álvarez-Castellanos, ha criticado al PP de “politizar” el tema del agua “con argumentos falaces y falsos, totalmente insostenibles”.
A su juicio, es necesario optar por la “racionalidad” y constituir “una mesa de estudio”, con técnicos, personal de la Universidad, ingenieros, políticos, sindicatos y regantes, donde “se plantee una reconversión y una redimensión del factor de regadío” en la zona regada por el trasvase.
