El coste económico de eliminar la superficie de regadío afectada por las restricciones al uso de agua subterránea de la Región de Murcia asciende a 680 millones de euros anuales, lo que supone el 82,4 por ciento del impacto total previsto en la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Así se recoge en el estudio realizado recientemente por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que pone sobre la mesa los efectos socioeconómicos que tendría en la cuenca del Segura el cese previsto para 2027 de la extracción de masas de agua subterráneas, y que la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca trasladó ayer al Consejo de Gobierno.
En el ámbito laboral, las consecuencias serían igualmente severas para la Región de Murcia, con la destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo en distintos sectores productivos. Esta cifra representa el 81,2 por ciento del impacto total en la cuenca del Segura, por lo que la Región concentraría la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo, la investigación realizada por la Universidad de Alicante calcula que el cierre de los acuíferos implicaría la eliminación de 28.702 hectáreas de regadío en la Región, lo que equivale a algo más del 16,5 por ciento de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas. En la totalidad de la cuenca del Segura, las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo.
El estudio también pone de manifiesto que el impacto no se limitaría sólo al sector agrícola, ya que también se verían afectados los sectores indirectos asociados, como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios relacionados.
De esta forma, el efecto económico del cierre de acuíferos tendría un efecto "muy negativo" sobre la economía de las regiones que conforman la cuenca del Segura, y traería consigo "una notable pérdida de valor patrimonial" en las explotaciones agrarias, al reducirse la rentabilidad de las tierras reconvertidas de regadío a secano.
Para mitigar estas consecuencias, el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales traslada la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas adicionales que sustituyan los recursos hídricos subterráneos, así como la integración de recursos externos.
En este sentido, una de las alternativas que propone el estudio y que también ha reivindicado en numerosas ocasiones el Gobierno regional es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano.
El Gobierno regional ha trasladado reiteradamente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la urgencia de buscar alternativas a la prohibición del uso de pozos y acuíferos a partir de 2027, dado que esta medida supondría un perjuicio irreparable para zonas de la Región de Murcia que carecen de otras fuentes de suministro, como es precisamente el Altiplano.
Fuentes del Ejecutivo murciano señalan que "a esta amenaza se une el hecho de que el Gobierno central prevé recortar un 50 por ciento el agua del trasvase Tajo-Segura destinada al regadío del Levante en 2027".
Por tanto, "la combinación del cierre de los acuíferos y la reducción de caudales del trasvase supondría un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía de la Región de Murcia, que pondría en riesgo su desarrollo social y territorial", añade el Gobierno autonómico.
