El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes, con los votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, y la abstención del grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV), una moción contra la modificación de las reglas de explotación y reclamando al Gobierno de la Nación medidas en defensa del trasvase Tajo-Segura.
La moción, presentada por el grupo Popular, constaba en su origen con 5 puntos, pero finalmente se han añadido otros dos mediante una enmienda de adición de Vox. Pese a que el punto 7 propuesto por Vox no ha sido respaldado por el PSOE, la enmienda ha salido adelante en su totalidad con los votos de PP y Vox.
El diputado del grupo Popular, Jesús Cano, quien ha defendido la moción, ha dicho que los recortes se han hecho “sin rigor, sin consenso y sin vergüenza de Pedro Sánchez”, a cuyo gobierno ha acusado de “sacarse de la chistera unos caudales ecológicos desorbitados y vacíos de lógica para condenar el trasvase”.
“Fijar en el Tajo unos caudales mínimos que llegan a representar el 37% del total de las aportaciones medias históricas es una barbaridad técnica y una injusticia territorial”, ha denunciado Cano, quien ha apuntado en que “en Aranjuez, el índice Caudal medio/Caudal ecológico es de 4 metros cúbicos por segundo, mientras que en el río Alagón, con aportaciones similares, es de 85 m3/s”.
“Unos caudales que no responden a ninguna sentencia judicial, ni a criterios ambientales reales, sino a un ecologismo rampante”, ha subrayado Cano, quien ha recordado que “mientras en España hay casi 41.000 hm3 embalsados, mientras las cuencas de la España húmeda superan el 80%, al Levante se le recortan 100 hm3 de nada”.
El parlamentario del grupo Socialista, Fernando Moreno, ha dicho que a los populares de la Región les “colaron” el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha en la ponencia del congreso nacional del PP celebrado el pasado fin de semana, lo que ha sido desmentido por Cano, que lo ha tildado de “mentira”.
Moreno ha preguntado al PP “con quién va a pactar Alberto Núñez Feijóo el Pacto del Agua”, y ha afeado al Gobierno regional que “no sea capaz de convocar el pacto regional del agua”, pero reivindique un pacto nacional. “Llevan 30 años mintiendo a los ciudadanos de la Región”, ha remarcado.
El diputado de Vox, Alberto Garre, ha recomendado a Feijóo que “si quiere cortar los males de raíz, meta un buen dentista” y ha reprochado a PP y PSOE que “traten de hacer una lucha” entre comunidades autónomas.
Garre ha expuesto los dos puntos de la enmienda de Vox, que piden al Gobierno regional que impulse la creación de una red de centros de investigación para la defensa del trasvase por todo el Levante, y al Gobierno central que, en el cuatro ciclo de planificación hidrológica, corrija los errores y defectos del tercer ciclo en lo referente a caudales ecológicos, proyecciones de cambio climático, y estado cuantitativo y/o químico de los recursos subterráneos.
El parlamentario del grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha cuestionado si la sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos “la debemos cumplir o nos declaramos insumisos” y ha reprochado el “discurso unidimensional” de este tema “que siempre acaba en un debate bipartidista estéril”, motivo por el que ha anunciado la abstención de su grupo.
La moción aprobada rechaza cualquier modificación de las reglas de explotación del trasvase que no cuente con “el debido respaldo técnico científico y con el consenso de todas las partes implicadas”, dado que la planificación del Tajo “presenta de deficiencias técnicas tan significativas como puede ser el no reconocimiento de la existencia misma del trasvase Tajo-Segura como una demanda dependiente de dicha cuenca”.
Igualmente, solicita al Gobierno de la Nación la “paralización inmediata” de cualquier medida que suponga “una reducción injustificada de los caudales trasvasables” y la apertura de un proceso de “diálogo real” con las comunidades autónomas ayuntamientos, regantes y agentes sociales.
También la creación de una Mesa Nacional del Agua en la que se aborde un gran pacto de Estado para poner en marcha un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que garantice “una gestión solidaria técnica sostenible y transparente” de los recursos hídricos atendiendo a las necesidades de todos los territorios.
Por último, pide al Gobierno central trabajar de forma conjunta, institucional y coordinada con otras entidades locales, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil en defensa del agua como derecho esencial y del trasvase Tajo-Segura “con garantía de futuro para nuestros territorios”, así como que se arbitren medidas realistas para amortiguar y compensar las limitaciones en los aprovechamientos de agua subterráneas a partir del año 2027.
