Los gobiernos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana,, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) estudian acciones legales ante las "graves irregularidades" en la gestión que está realizando la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto con el consejero valenciano Miguel Barrachina y el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, mantuvieron el pasado un encuentro, al que se sumaron técnicos y jurídicos especialistas en la materia, para estudiar las posibles acciones legales que se pueden emprender.
“Como ya conocen, enviamos un informe recientemente a la ministra Sara Aagesen en el que se ponían de manifiesto estas irregularidades”, señaló Rubira, quien también anunció que se estudian todas las vías de defensa “donde, por supuesto, están acciones judiciales y, si fuera preciso, la adopción de medidas cautelares”.
Rubira detalló que en este informe se han detectado “anomalías en los caudales liberados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía” que no se ajustan a las normas de explotación vigentes.
También se señala un importante desperdicio de agua en los envíos para abastecer los regadíos manchegos, donde se desaprovechan 100 hectómetros cúbicos al año, “justo la cantidad de agua que se quiere recortar de media al año en los envíos a través del trasvase”.
“Demandamos documentación oficial que explique estas decisiones porque esto está generando pérdida de agua trasvasable y un perjuicio injustificado a los regantes y abastecimientos del Levante”, afirmó la consejera, quien añadió que “lo hemos denunciado en muchas ocasiones, todo responde a decisiones políticas y no técnicas, a la imposición ideológica que amenaza a nuestro sector agroalimentario, al futuro de miles de familias que viven de él”.
“El Gobierno de España no puede estar pensando, en este momento, en modificar las reglas de explotación del trasvase, mientras existen informes que dejan claro que los grandes problemas de Tajo están en la gestión”, indicó la consejera.
Las decisiones que se toman sobre el futuro del trasvase “van a condicionar el futuro de la Región de Murcia y de todos los que vivimos en ella. Y por eso creemos que es imprescindible en esta lucha la unidad del sector y de la sociedad”.
“En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje, por eso el Gobierno regional no se va a quedar ni quieto ni callado, y va a llegar donde sea necesario”, concluyó Rubira.
Por su parte, Barrachina señaló que “vamos a analizar todas las vías de defensa frente a las irregularidades detectadas, incluido el ejercicio de acciones judiciales”.
El conseller ha reiterado el compromiso del Consell con la defensa del trasvase Tajo-Segura, y ha subrayado que “su eliminación tendría efectos devastadores para la agricultura de la provincia de Alicante y para miles de familias que dependen de ella”.
“No vamos a permitir que decisiones unilaterales y sin base técnica comprometan décadas de equilibrio y esfuerzo compartido entre cuencas”, ha afirmado Barrachina, que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo “transparencia, rigor y respeto a la legalidad vigente”.
Asimismo, el titular de Agricultura ha destacado que “en España hay agua suficiente y los trasvases son una herramienta eficiente y solidaria”. En este sentido, ha remarcado que “debemos alejarnos de los dogmatismos del Gobierno de España, que ha demonizado los trasvases con el objetivo de acabar eliminándolos”.
Anomalías detectadas
Según los informes del CEDEX, se han detectado incongruencias en los caudales del Tajo, especialmente en los desembalses y consumos en cabecera, sin una justificación técnica documentada.
Estas irregularidades generan incertidumbre en el funcionamiento del trasvase y evidencian una falta de transparencia en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al no existir actas ni acuerdos que respalden el actual régimen de desembalses.
Además, la CHT no ha elaborado el Programa Especial de Seguimiento obligatorio desde 2024, destinado a evaluar los efectos de los nuevos caudales ecológicos.
También se han detectado caudales irregulares en Aranjuez y desajustes en los balances hídricos, lo que pone en duda la fiabilidad de los datos oficiales del Plan Hidrológico del Tajo.
Las comunidades alertan de que los nuevos desembalses previstos para 2026 son "incompatibles" con los volúmenes de referencia aún vigentes y advierten que el aumento de los caudales mínimos, de 400 a más de 500 hectómetros cúbicos, solo puede aprobarse en el marco de la planificación hidrológica nacional.
Ante este escenario, la Comunidad Valenciana y la Región Murcia estudiarán la posibilidad de que se adopten medidas cautelares urgentes para evitar daños irreversibles en el regadío y el abastecimiento del Levante, dada la ausencia de medidas compensatorias o mecanismos de coordinación.
