La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha asegurado este jueves que el recorte del trasvase Tajo-Segura “es el mayor ataque al campo perpetrado por el Gobierno de España, en un momento especialmente crítico” para la agricultura y para el desarrollo económico y social del Levante.
Sara Rubira, quien ha comparecido a petición propia en la Asamblea Regional para abordar el estado actual del trasvase en una sesión a la que han asistido representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), ha indicado que el aumento de los los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez supondrá un recorte de 70 hm3 este año.
“Se convertirá en recorte de empleos, exportaciones, inversiones y cohesión social, que incrementará la presión a los acuíferos y encarecerá el coste del agua”, ha vaticinado la consejera, quien ha criticado que se vaya hacer “tanto daño al Levante” por subir 2 centímetros el caudal ecológico.
El recorte del 50 % del trasvase provocará una disminución de la producción por valor de 870 millones de euros, la pérdida de más de 21.500 empleos y una reducción total aproximada del 30 % de la producción agraria en la Región, según los datos que ha expuesto la consejera.
Rubira ha remarcado que “aunque traten de vendernos lo contrario, en España no hay un problema de falta de agua, sino que hay un problema de reparto, equilibrio territorial, seguridad hídrica y gobernanza del recurso”.
La consejera aprovechó su intervención para denunciar “el acuerdo firmado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y Marruecos, por el que se compromete a financiar infraestructuras como trasvases o desaladoras en ese país, dejando claro que lo que nos quita a los murcianos se lo da al Gobierno de Marruecos para que incrementen allí la producción y, por tanto, la competencia a nuestros agricultores”.
Para Rubira, “es urgente llevar a cabo una evaluación socioeconómica completa de las decisiones sobre los caudales ecológicos y la explotación, porque no es de recibo que el Gobierno de España apruebe recortes sin tener en cuenta el impacto en el empleo, la industria, la exportación y la cohesión territorial”.
El diputado del grupo Socialista, Fernando Moreno, ha hecho hincapié en que el PP “se ha quedado solo” respecto al trasvase, y ha reiterado que se trata de un problema “que no es político, sino territorial”. “Mentir es el mayor ataque que se puede hacer a las instituciones”, ha agregado.
El parlamentario del grupo Vox, Alberto Garre, ha asegurado que “nadie va a poner una trampa en materia hídrica desde Vox”, pero ha lamentado que se debata continuamente sobre el trasvase en la Asamblea “cuando no es el sitio” para hacerlo, pues todas las resoluciones son instando al Gobierno de España.
La portavoz del grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV), María Marín, ha afirmado que “cuando se habla del trasvase no puede haber mayor hipocresía” ya que “PP y PSOE se presentan aquí como los grandes defensores, y a 100 kilómetros de aquí, en Castilla-La Mancha, dicen todo lo contrario”, entreteniendo al campo con sus “peleítas”.
Para el diputado del grupo Popular, Jesús Cano, el Gobierno central utiliza los caudales ecológicos como “la gran excusa para cargarse el trasvase Tajo-Segura”. “La izquierda no protege el medio ambiente, lo usa como coartada política para justificar decisiones que destruyen empleo, deslocaliza la producción y rompe la cohesión territorial”, ha concluido.
