Regadíos y Abastecimientos

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas pide un pacto estatal para una política hídrica sostenible

jueves, 4 de octubre de 2018


BalsaderiegoFotoGeneralitatValenciana


La comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianes ha aprobado el informe elaborado por el PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos, en el que se aboga por un acuerdo estatal del agua que ponga las líneas básicas para una política hídrica sostenible.


El informe, que ahora deberá debatirse y votarse en el pleno, ha salido adelante con los votos a favor de estos cuatro grupos parlamentarios y en contra del PP, que había presentado sus propias conclusiones, aunque éstas han sido rechazadas.


El documento aprobado pide un acuerdo estatal del agua que ponga las líneas básicas para una política hídrica sostenible que ordene los usos, las infraestructuras y los recursos del territorio desde una perspectiva de gestión de la demanda para resolver los desequilibrios hídricos.


Plantea incorporar la visión del cambio climático a todas las iniciativas urbanísticas que se quieran poner en marcha y aboga por incrementar la transparencia, el acceso a la información y la participación en la gestión del agua.


La propuesta establece que el agua de mejor calidad disponible en cada cuenca se dedicará prioritariamente a la producción de agua potable, y plantea garantizar el acceso universal "a un mínimo vital de 100 litros por persona y día" y que se prohíban los cortes de suministro en caso de impago atribuible a situaciones de emergencia económica.


Se pide, además, evitar la extensión de regadío "en aquellas zonas que se encuentran en situación de estrés hídrico o en riesgo" de estarlo, y auditorías de los perímetros de regadío de todas las zonas regables de las demarcaciones del Júcar y el Segura para detectar regadíos ilegales.


El documento plantea llevar a cabo las actuaciones necesarias "para la plena operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó con toma de aguas en l'Assut de la Marquesa" y garantizar el funcionamiento del Tajo-Segura en las comarcas alicantinas dependientes de él, aunque también analizar alternativas a medio plazo.


También propone crear un fondo económico plurianual para la adaptación de la agricultura y la ganadería ante los efectos del cambio climático, y elaborar bancos públicos de agua en las cuencas afectadas por circunstancias de extrema necesidad.


Subvenciones y ayudas directas para paliar los costes sociales y económicos en épocas de sequía; medidas para la prevención de los riesgos de inundación, y auditorías locales de la situación de las fuentes de suministro e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, son otras de las medidas incluidas en el informe. 

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