El Fiscal dice que la exconsejera Agricultura Martínez-Cachá actuó por interés político en la tubería del Mar Menor

El fiscal ha dicho en la última sesión del juicio por un delito de prevaricación celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia contra la exconsejera de Agricultura Adela Martínez-Cachá y el exdirector general del Agua Andrés Martínez Francés por la instalación de una tubería para evitar vertidos al Mar Menor, que ambos actuaron movidos por un interés político.

La acusación estatal, que solicita para cada uno de ellos doce años inhabilitación especial para empleo o cargo público, ha mantenido que incurrieron en ese delito al realizar las obras sin instar previamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que considera era preceptiva.

Por su parte, los letrados defensores han afirmado que el trayecto de la tubería, con la que se pretendía evitar que los vertidos de la rambla de El Albujón llegaran a la laguna, al derivarlos hacia la desaladora de la Comunidad de Regantes de Cabo de Palos (Cartagena, Murcia), no afectaban a terrenos de la Red Natura 2000, por lo que esa declaración no era necesaria.

El fiscal ha sostenido durante la exposición de su informe que el proyecto fue ”una obra de márketing, con la que se pretendía dar la imagen de que la administración era eficiente”, y ha añadido que puentearon a la Dirección General de Calidad Ambiental, que era la llamada a emitir la DIA.

Ha comentado así mismo que “orillaron” ese deber sabedores de que el mismo supondría una tramitación que alargaría el proceso de ejecución de los trabajos, para añadir que el proyecto era impreciso, ya que estaba falta de concreción.

La acusación, que es ejercida en nombre de Ecologistas en Acción y que reclama diez años de inhabilitación para cada uno de los acusados por el mismo delito, ha recalcado que la declaración de emergencia de las obras, que se iniciaron en septiembre de 2016, no estaba justificada, y ha añadido que se hizo con la idea de que así se evitaba someterlas previamente a la DIA.

El letrado defensor de Martínez-Cachá, Jesús Andrés Sedano, ha pedido su absolución al decir que la tramitación del proyecto de la tubería fue “impecable” y que su finalidad “fue totalmente legítima”, para comentar así mismo que los hechos de los que se acusa a la exconsejera no reúnen los requisitos exigidos para el delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el abogado de Martínez Francés, Miguel Pardo, ha negado también la existencia de ese delito y ha añadido que no hubo en aquel arbitrariedad alguna, “ya que en ningún momento se apartó ni un ápice de la legalidad”.

Ha añadido que como la tubería no afectaba a terrenos de la Red Natura, ninguna obligación había de que la Dirección General de Calidad Ambiental hubiera tenido que pronunciarse sobre ese proyecto.

En el trámite de última palabra, los dos acusados han renunciado al ejercicio de ese derecho, que les ha ofrecido el presidente del tribunal, el magistrado Augusto Morales.