Ayudas y Financiación

Castilla-La Mancha volverá a ser Objetivo 1 en la recepción de fondos europeos para paliar “el empobrecimiento de la etapa anterior”

miércoles, 6 de julio de 2016


El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado los primeros pasos para que nuestra región vuelva a ser Objetivo 1 en la recepción de ayudas europeas. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que, tal y como anticipó el presidente Emiliano García-Page, el Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Comisión Europea el inicio de los trámites de modificación del mapa de ayudas regionales y que establezca una intensidad máxima de ayuda para Castilla-La Mancha.


Hernando ha justificado esta decisión en la caída de un 10 por ciento del Producto Interior Bruto por habitante en el periodo 2012-2014, así como “en los recortes sanitarios, la falta de promoción económica y el abandono de todas las políticas públicas” durante la pasada legislatura, factores que, ha remarcado, justifican que la región esté en condiciones de exigir que vuelva a ser Objetivo 1 en la recepción de fondos europeos. “El empobrecimiento de la etapa anterior obliga y permite hoy volver a solicitar el máximo nivel de solidaridad europea”, ha aseverado.


De este modo, Castilla-La Mancha volverá a ser a partir del 1 de enero de 2017 una de las comunidades autónomas de nuestro país que más podrá apoyar la instalación y ampliación de empresas o la generación de riqueza y empleo con el impulso de la financiación europea, informaron fuentes del Gobierno regional. 


Hernando ha precisado que las ayudas de finalidad regional tienen por objeto apoyar el desarrollo económico y la generación de empleo en las regiones europeas más desfavorecidas, ”casando el principio de solidaridad y convergencia con el principio de competencia en un mercado común”.


Así, dichas ayudas se verán incrementadas en todos los tramos en un diez por ciento entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020. La inversión subvencionable pasará del 15 al 25 por ciento para las empresas de más de 250 trabajadores, del 25 al 35 por ciento para las que tengan entre 50 y 250 empleados, y del 35 al 45 por ciento para aquellas que tengan una plantilla de trabajadores de entre 10 y 50 personas. 

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