El Gobierno de Murcia defiende sus medidas contra contaminación por nitratos tras la sentencia europea

El Gobierno de la Región de Murcia ha señalado, en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España por no prevenir la contaminación de las aguas por exceso de nitratos, que en la comunidad autónoma se han articulado diversas "medias efectivas" desde 2019 con el objetivo de reducir esos aportes.

La Región de Murcia es una de las ocho comunidades autónomas que menciona la sentencia, que se ha hecho pública este jueves, en concreto, por no haber adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos.

El portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que la sentencia se refiere a informes de los años 2016 al 2019 y es precisamente a partir de ese último cuando la región ha implantado mayor número de medias para proteger de la contaminación por nitratos el Mar Menor, especialmente a través de la ley 3/2020 de protección de la laguna litoral, la más grande de Europa.

Ortuño ha defendido además que la contaminación de los acuíferos "no responde a las prácticas actuales de la agricultura", un sector que se ha modernizado para ser más eficiente y menos contaminante : "No se cultiva hoy igual que hace 40 años", ha resumido.

En cualquier caso, ha insistido en que "la Región de Murcia no ha estado ni está de brazos cruzados", sino que tiene en marcha numerosos programas de actuación.

En el caso del Campo de Cartagena, donde la contaminación afecta de manera especial al acuífero cuaternario y, por tanto, al Mar Menor, existe ya un completo programa específico de actuación, con medidas de especial protección, como es la citada ley, que permite reforzar los controles para evitar vertidos contaminantes, ha indicado.

No obstante, Ortuño ha recordado que la sentencia no se refiere en exclusiva a la Región de Murcia, sino que hay otras siete comunidades autónomas señaladas (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid) y la condena se ha impuesto al reino de España, no a los diferentes territorios.