El TSJ admite la demanda de casi 350 agricultores que creen inconstitucional la Ley del Mar Menor

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha admitido a trámite la demanda colectiva presentada por casi 350 agricultores del Campo de Cartagena contra la Ley para la Protección Integral del Mar Menor por contener “artículos de palmaria inconstitucionalidad”.

La demanda, realizada por lo contencioso-administrativo, responde a que la vía administrativa se ha agotado ante el silencio del Gobierno regional, según ha explicado este lunes, en rueda de prensa, el letrado Santiago González Varas, quien representa a los agricultores junto a la letrada Inmaculada de la Fuente Cabero.

El letrado ha expuesto que “el artículo 16 es inconstitucional de cabo a rabo” pues “vulnera la libertad de empresa en base a razonamientos falsos”. Este artículo hace referencia a la llamada ‘área de exclusión temporal’ entorno a la laguna, que básicamente constituyen campos de regadíos productivos que sostienen a 10.000 familias, con décadas de actividad y que ha contribuido al desarrollo socioeconómico de la Región.

González ha señalado que estas tierras deben abandonar el uso agrícola, pero pueden ponerse placas solares. Para los letrados, “este artículo es a todas luces inconstitucional porque aplasta derechos fundamentales, como el de la propiedad o el de la libertad de empresa, y avala abusivas interferencias de la Administración”, en este caso del Gobierno regional.

Desde la Fundación Ingenio sostienen que la Ley “fue pactada entre el Gobierno de Murcia y el Gobierno de Pedro Sánchez, con la influencia del ecologismo radical politizado y con claros intereses subvencionados”, pero además “no soluciona la contaminación estructural del Mar Menor”, pues “obvia problemas de contaminación, como los vertidos de aguas residuales de origen urbano”.

La dirección jurídica del proceso ha explicado que el objetivo es lograr “que la ley sea acorde a la Constitución, que haga compatible la agricultura y el medio ambiente y que no impida el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores de la Región de Murcia”.

La demanda está reforzada con informes periciales de sociedades independientes de tasación, de ingenieros agrónomos y de cátedras universitarias.

Según la Fundación Ingenio, entidad que ha coordinado y asesorado la acción de los afectados, estos informes “acreditan la acusada devaluación del valor de las tierras del Campo de Cartagena desde la entrada en vigor de la ley y la degradación de la actividad económica en la zona, que afecta también de forma directa a sectores que viven de la actividad agrícola”.

En este sentido, ha remarcado que las Ley del Mar Menor ha metido “de forma consciente” al Campo de Cartagena “en una espiral de degradación económica” que “favorece a multinacionales y fondos de inversión que están llenado los campos de placas solares de cristal y hierro”, y que, a diferencia de Doñana, supone “expropiaciones sin pagar ni un solo euro”.