Las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, motivo de fricción en el Consejo Nacional del Agua

El Consejo Nacional del Agua se reunió este jueves por la tarde en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura como uno de los motivos de mayor fricción entre los responsables de las comunidades y los informes técnicos como vía de encuentro.

"No está en el orden el día pero es evidente que hablaremos de ello en el apartado de ruegos y preguntas", ha afirmado la consejera de desarrollo sostenible del gobierno castellanomanchego María Mercedes Gómez a su llegada, si bien el objetivo formal de la reunión es hablar de reutilización del agua y de infraestructuras.

Gómez ha recordado que la planificación hidrológica aprobada en febrero de 2023 preveía un año para adaptar las reglas de explotación del trasvase y el plazo "ha sido superado con creces".

Por ello, ha reclamado que "los niveles 3 y 4 de estas reglas sean adaptadas a los caudales ecológicos que han sido puestos ya en la cuenca del Tajo", para proteger las especies de flora y fauna y satisfacer las necesidades de agua en el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma, "mermadas por los trasvases."

La consejera ha aludido a las declaraciones del presidente castellanomanchego Emiliano García-Page en las que señalaba que "las regiones de levante y Andalucía, beneficiarias del trasvase, cuentan con agua adicional, la que proviene de la desalinización del mar, y Castilla-La Mancha no tiene este recurso alternativo".

También ha criticado al gobierno regional murciano porque "siempre han jugado con un recurso ajeno" que, aunque a "cerca de 300 kilómetros de distancia", aspira a "tener en exclusividad en sus quehaceres".

Gómez ha pedido "poner racionalidad encima de la mesa" con los informes técnicos, porque "no tiene por qué haber una guerra del agua".

Sin embargo, ha recordado que el 7 de marzo hubo una reunión técnica en el mismo Miteco a la que acudieron representantes de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y en la que se planteó la presentación de un informe por cada comunidad autónoma en un plazo que finalizó el 27 de marzo.

"Castilla-La Mancha ha cumplido y hemos puesto encima de la mesa nuestro informe, pero desconocemos si el resto de comunidades lo ha hecho", ha planteado, antes de criticar al Miteco porque "tampoco ha cumplido al aportar el informe que tenía que elevar a este Consejo, precisamente para hacer el cambio de reglas de explotación".

La consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas Ten, también ha apelado a los criterios técnicos y al consenso para "dejar ya de una vez la política a un lado y avanzar con los técnicos a favor de todos los agricultores".

Pero ha advertido de que la posición de la Generalitat Valenciana "no va a variar en absoluto" en la defensa de un plan hidrológico que lleve agua "a todos los puntos de España".

Pradas se ha quejado de la escasez de agua para los regantes y para los "espacios protegidos, que están sufriendo, como la Albufera de Valencia" y ha insistido en que el agua "es de todos los españoles" y debe llegar "con la proporción suficiente a todas las regiones" a partir del concepto de "solidaridad hídrica".

"Nosotros hemos demostrado que somos solidarios diciendo sí al agua desde la desaladora de Sagunto para Cataluña y ahora pedimos que también se practique esa solidaridad hídrica con la Comunidad Valenciana", ha argumentado.

"No se lo pedimos a Castilla-La Mancha, se lo pedimos a todas las regiones de España" y en especial "en las que se asientan las cabeceras de los ríos", ha apostillado.

Ningún otro consejero quiso hacer declaraciones antes de la reunión.