El sector ganadero se une para pedir que España rechace el reglamento de transporte animal

Un total de 14 organizaciones del sector ganadero se han unido para pedir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que reclame la retirada del nuevo Reglamento Europeo sobre transporte animal, según ha informado la organización Cooperativas Agro-Alimentarias.

Se trata de un comunicado conjunto enviado al ministro Planas en el que las organizaciones (Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria) han pedido que España "rechace" el nuevo reglamento.

Según los firmantes, la propuesta europea no tiene "suficiente" base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto a la situación actual, han anotado.

A juicio de las organizaciones, el nuevo reglamento no ha sido lo "suficientemente" trabajado y su impacto social, económico y medioambiental no ha sido "adecuadamente" estimado.

Las organizaciones han expuesto una lista con las seis principales razones por las que consideran que no es viable el reglamento; en primer lugar, han subrayado que impide el comercio "justo" y "equilibrado" entre los países miembros de la Unión Europea.

A este motivo le sigue la carga administrativa "sin precedentes" que plantea y la "clara" discriminación que sufre el sector nacional por su situación geográfica y condicionantes naturales.

También han señalado que las dificultades para transportar animales durante el día en períodos largos del año obligará a trabajar más horas durante y que la capacidad exportadora de España se vería "gravemente" reducida si la propuesta progresa.

Por último, las organizaciones han señalado que serían los consumidores aquellos que tendrían que pagar los incrementos de costes de producción derivados de la nueva propuesta.

Piden que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada por los "graves daños" que, según han advertido, ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal y a los ciudadanos.

Las organizaciones ganaderas han asegurado que el sector está "unido" ante esta propuesta "incoherente" y han asegurado que cumplir con esta nueva normativa implicaría la disminución de la capacidad productiva y de la competitividad de la producción ganadera.