La Diputación de Guadalajara pide aumentar los 400 hm3 actuales de agua no trasvasable de la cabecera del Tajo

La Diputación de Guadalajara ha acordado pedir subir el almacenamiento en los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, para situar el agua no trasvasable encima de los 400 hectómetros cúbicos actuales, para garantizar el abastecimiento de los municipios y los caudales ecológicos.

La institución provincial ha aprobado este martes, en un pleno extraordinario, una moción presentada por el grupo socialista que fija el posicionamiento con el que la Diputación participará en la consulta pública abierta por el Gobierno de España para modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La moción aprobada, que va acompañada de un anexo en el que figuran las propuestas concretas que se trasladarán al Gobierno de España, no ha sido apoyada por PP y Vox, con lo que ha registrado 13 votos a favor (PSOE), 9 abstenciones del PP y 2 votos (Vox).

En el texto aprobado la Diputación de Guadalajara defiende la unidad de la sociedad provincial y regional en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y del río Tajo.

Lo aprobado en la Diputación es proponer elevar los niveles de almacenamiento de los embalses por encima de los 400 hectómetros cúbicos de agua actuales, cifra que se ha demostrado “muy insuficiente para mantener una lámina adecuada y estable” en los pantanos de la cabecera del Tajo.

La Diputación defiende reducir los volúmenes trasvasables en los niveles 1, 2 y 3 de reservas embalsadas en Entrepeñas y Buendía y potenciar soluciones de autosuficiencia en la cuenca del río Segura, apostando por la desalación como solución alternativa para cubrir las demandas actuales del trasvase Tajo-Segura.

Se pedirá que en el horizonte de 2027 el trasvase Tajo-Segura solo se mantenga abierto para dotaciones de abastecimiento y que el cambio de reglas de explotación garantice la prioridad de la cuenca cedente para satisfacer sus propias necesidades y los caudales ecológicos del Tajo.

De esta forma se da cumplimiento a las recomendaciones de la Unión Europea y a cinco sentencias del Tribunal Supremo.