La Unión de Extremadura se ha defendido de la denuncia de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa) recalcaldo que "es perfectamente legal hacer un estudio de costes de producción y el hacerlo público".
Como los últimos 4 años, La Unión de Extremadura ha elaborado un informe para el cálculo de los costes de producción en el sector de la aceituna de mesa, en base a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria.
Para realizar este cálculo se han tenido en cuenta la totalidad de los costes de producción que le suponen a los agricultores el producir un kilo de aceituna, incluidos los años de vecería, los costes de los primeros años desde la plantación a las primeras producciones, los cálculos de la mano de obra tanto propia como contratada, las amortizaciones de los capitales propios, etc.
"Un estudio exhaustivo que, con la producción prevista para la campaña actual, podemos afirmar que producir un kg de aceituna de mesa en Extremadura va a suponer un gasto de 1,10 euros/kg, que se deberá desglosar por calidades en función principalmente del calibre", señalan desde La Unión.
A este importe de 1,10 €/kg de coste de producción, el agricultor a la hora de firmar el contrato tendrá que añadir el beneficio que desea obtener tras estar todo el año cuidando su explotación, señala la organización agraria.
En este sentido, recuerda que "en ninguna activad económica los productos se venden al coste de producción". Así, si por ejemplo desea obtener un beneficio del 20%, el contrato deberá reflejar un precio no inferior a los 1,10 coste + 20% beneficio = 1,32 €/kg.
El pasado 31 de mayo de 2024 Asemesa presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra La Unión por “alcanzar acuerdos para la imposición de precios”, de manera que la CNMC ha abierto un expediente sancionador a La Unión por este motivo.
Ante ello, La Unió Extremadura considera que "ni Asemesa, ni la CNMC, parece que se hayan leído la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorare el funcionamiento de la cadena alimentaria, ya que en la misma se establece en su artículo 9 que es perfectamente legal el realizar un estudio de costes de producción y hacerlo público".
"Es más, en su artículo 22 se establece que las asociaciones representativas del sector serán titulares de intereses legítimos colectivos", explican desde la organización, que añade que también el punto 23 de las 43 medidas firmadas entre Unión de Uniones y el Ministerio de Agricultura "establecía de manera nítida el papel de las Opas en el seguimiento de la citada Ley".
Por ello, considera que "si Asemesa cree que estas denuncias van a coartar las reivindicaciones de La Unión de Extremadura para conseguir un precio digno por nuestra aceitunas, no sabe cuánto se equivoca".
