Frente común de Murcia y Andalucía en defensa del trasvase Tajo-Segura e invitación la Comunidad Valenciana a sumarse

Los gobiernos de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía han sellado un frente común en relación al trasvase Tajo-Segura, plasmado en el acuerdo alcanzado para solicitar la acumulación de los contenciosos que interpongan ambas comunidades autónomas al respecto. De esta forma, se obtendrá una decisión conjunta por parte de los tribunales. 

Además, los representantes de ambos ejecutivos autonómicos han invitado al Gobierno valenciano a sumarse a esta iniciativa, ya que este territorio también se ve afectado por las decisiones relativas al Tajo-Segura.

A su vez, trasladarán a los nuevos comisarios de Agricultura y de Medio Ambiente de la Unión Europea la situación de especial vulnerabilidad del Sureste español ante el cambio climático, y que valoren el papel que desempeña la agricultura ante el avance de la desertización.

Por este motivo, los consejeros han enviado una carta conjunta solicitando sendas entrevistas a Janusz Wojciechowski, comisario europeo de Agricultura, y a Virginijus Sinkevi¿ius, comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, tras reunirse en Murcia con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, destacó que "la experiencia de nuestras regiones en esta materia, puede ser de especial relevancia en la política europea de lucha contra el cambio climático y la desertización".

Por su parte, Crespo recalcó que el trasvase Tajo-Segura es "fundamental para una agricultura que quiere ser cada vez más ecológica", y comentó que, si bien existen diversas formas de contar con recursos hídricos, en estas comunidades autónomas se reducen bastante porque "ya hacemos desalación y reutilización de aguas".

Antonio Luengo explicó a los medios de comunicación que "es fundamental la coordinación y el trabajo conjunto entre las regiones afectadas, y alzar la voz ante la hoja de ruta que el gobierno de España ha marcado para acabar con el Trasvase". 

El consejero recordó que, el pasado jueves, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia acordó interponer ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, el Ejecutivo andaluz recurrirá ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la orden del trasvase Tajo-Segura por la que se destinan 7,5 hm3 para abastecimiento y desaparece la aportación de agua para regadío.

En este sentido, Crespo defendió que el trasvase cero para regadío fue una decisión fue "absolutamente arbitraria" de la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que va "en contra de una agricultura sostenible y de tres comunidades autónomas". 

"No podemos olvidar que, frente al alarmismo creado por el Ministerio ante un posible descenso de las reservas hídricas, durante los meses de noviembre y diciembre los embalses de la cabecera de la Cuenca del Tajo han incrementado el nivel almacenado en casi 110 hm3, pasando de 459 hm3 el 1 de noviembre a 567 hm3 a final de diciembre", lamentó Antonio Luengo.

Crespo ha afirmado que el Gobierno de España, de forma discrecional, "ha tomado una decisión absolutamente en contra no solamente de los intereses agrarios y del empleo, sino también en contra del Cambio Climático", ya que apostar por los trasvases, "avalados por informes científicos", es una vía de acceso a recursos hídricos que evita "aportaciones adicionales de CO2 a la atmósfera".

Por tanto, la consejera andaluza ha reiterado su petición de una rectificación urgente por parte del Ejecutivo central, a quien reclama también que explique el porqué de esta decisión que no concuerda con el informe técnico presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) el pasado 17 de diciembre durante la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y en base al cual se acordó elevar a la ministra Ribera un trasvase de 19,6 hm3 para ese mismo mes.

Carmen Crespo ha recalcado que las iniciativas deben basarse "en estudios científicos" y ha explicado que, en estos momentos, el establecimiento de la cantidad de agua que se puede trasvasar se estudia en la citada comisión, "donde están todos los elementos necesarios para tomar decisiones". 

La consejera andaluza ha valorado el buen funcionamiento del trasvase hasta la fecha, ajustándose a cuestiones técnicas, ha solicitado al Gobierno de España que exponga las posibles razones políticas que podrían encontrarse detrás de esta decisión y ha reclamado una "reunión urgente a primeros de año" con la responsable de Medio Ambiente a nivel nacional.

CONTRA LA DESERTIZACIÓN

Respecto a la reunión con los nuevos comisarios europeos de Agricultura y Medio Ambiente, Crespo consideró "crucial" que la Unión Europea conozca "la realidad y el compromiso del sector agrario con un desarrollo sostenible". La consejera andaluza ha hecho hincapié en que esta actividad es, por sí misma, "un inmenso sumidero de CO2 que contribuye a mitigar el calentamiento global en la zona de Europa más afectada por la emergencia climática y el estrés hídrico".

En Andalucía, la situación del trasvase Tajo-Segura afecta a la provincia de Almería, donde su aportación supone el 25% del agua que llega hasta la cuenca del Levante almeriense (15 hectómetros cúbicos máximo anuales para regadío). En total, en esta zona existen 24.000 hectáreas que precisan de riego para su cultivo.

En el marco de la lucha contra la desertización, ambos consejeros han expuesto la contribución que el trasvase Tajo-Segura ha significado para el Levante español en los últimos 40 años, recordando que abastece a más de 80.000 regantes y 145.000 hectáreas, generando más de 100.000 puestos de trabajo y más de 300.000 indirectos. 

Además, aporta cerca de 4.000 millones de euros al PIB español, y permite hacer frente al avance de la desertización, que amenaza al sur de Europa, según los datos aportados por el Gobierno murciano.