El incremento del caudal ecológico del Tajo restará 78 hm3 en cabecera dejando sin trasvase a los regantes casi 5 meses al año

El incremento del caudal ecológico del Tajo recogido en su nuevo Plan de Cuenca supondría detraer 78 hm3 de Entrepeñas y Buendía, lo que dejaría a los embalses de cabecera en nivel 4 (que impide los trasvases) cerca de 5 meses al año. Esto supondría 'de facto' un cierre del acueducto, ya que habría 'trasvase cero' para regadío y abastecimiento al Levante.

Así lo advirtió el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, antes del inicio de la Mesa del Agua de la Región de Murcia, instando a los municipios ribereños al Tajo y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hm3 anuales de aguas depuradas. 

Y es que, explicó Jiménez, de salir adelante la nueva planificación hidrológica, conllevaría un descenso medio en las existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía de 78 hectómetros cúbicos, lo que ha calificado como una "cifra bárbara". Por ello, aseguró que el aumento del caudal ecológico del Tajo supone la amenaza más importante desde la aprobación del estatuto de Castilla-La Mancha, que puso en peligro el futuro del acueducto. 

En concreto, Jiménez señaló que el Esquema de Temas Importantes (ETI) del nuevo plan hidrológico del Tajo contempla un caudal ecológico medio de 8,520 m3 por segundo, más de 2,5 m3/segundo que en la actualidad. El presidente del Scrats ha comparado esta "amenaza" reflejada en el ETI con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha propuesta en 2004.

Jiménez, quien avanzó que las obras de reparación de la avería detectada en abril en el embase de La Bujeda --que actualmente mantienen cerrado el trasvase-- estarán terminadas en noviembre, consideró "preocupante" que solo el Levante vaya "una vez más" a "arrimar el hombro" en materia medioambiental.

El presidente de los regantes considera que la agricultura del Levante ha arrimado el hombro en época de sequía y ha desarrollado al máximo las infraestructuras de depuración para sacar el mayor provecho al agua de riego. Ahora, pide ese mismo esfuerzo a los municipios castellanomanchegos y madrileños, que siguen vertiendo sus aguas residuales al río Tajo. 

En cuanto al año hidrológico que acaba de terminar, comentó que, en general, ha sido un bueno, con una primavera generosa en precipitaciones. Sin embargo, mostró su preocupación, una vez más, por el precio del agua desalada. 

No es de recibo, sostiene Lucas Jiménez que las comunidades de regantes, sean del tamaño que sean, tengan que pagar por adelantado, a 60 céntimos el metro cúbico de agua desalada, sin que haya sido necesario consumirla como ha ocurrido estos meses de frecuentes lluvias.

De ahí que los regantes estén reduciendo su demanda de la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), con capacidad de producción actual de 80 hm3 anuales, porque están en "casi quiebra económica" al no poder pagar por adelantado los caudales contratados. 

PRECIO ARMONIZADO DEL AGUA

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo,  exigió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "un precio armonizado del agua, que no perjudique a los regantes en función del municipio en el que tienen sus cultivos".

Luengo lamentó que "actualmente en nuestro país hay agricultores de primera y agricultores de segunda". Así afirmó que "mientras en la Región de Murcia el precio del metro cúbico de agua para regadío puede superar los 60 céntimos para algunas comunidades de regantes, la media nacional apenas alcanza un céntimo y medio, lo que supone un importante agravio comparativo y genera un aumento de los costes de producción que dificulta la competitividad en los mercados nacionales e internacionales".

Añadió que se trata de "una situación especialmente grave, que trasciende al sector de la agricultura y afecta a toda la sociedad, ya que además del coste de los recursos para riego también supone el encarecimiento del agua para abastecimiento".

"Lo que no es lógico, y el Gobierno de España debe poner fin a esta injusticia histórica, es que mientras los precios de otras materias primas, como el petróleo o el gas natural, está unificado para cada uno de los territorios de nuestro país, se haga distinción con el agua y se fijen diferentes precios que generan una constante tensión entre los agricultores murcianos", defendió

Todo ello, "debe ir aparejado con una apuesta por las infraestructuras que garanticen el acceso de los regantes a los recursos hídricos, para lo que es fundamental el blindaje del trasvase Tajo-Segura, el fomento de la depuración y el saneamiento, especialmente en aquellos sitios donde no se fomenta la reutilización del agua o la interconexión de cuencas", concluyó.