Las nuevas orientaciones medioambientales de la nueva PAC se aplicarán tras dos años de "periodo de aprendizaje"

Las nuevas orientaciones medioambientales se aplicarán paulatinamente, tras dos años de "periodo de aprendizaje", para permitir una adaptación gradual. Así, durante los años 2023 y 2024, todos los fondos no gastados en ecoesquemas se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA que las prioridades de España "están recogidas en la nueva Política Agrícola Común (PAC)".

Este lunes se ha celebrado la reunión del Comité Asesor Agrario, en la que Luis Planas ha detallado a las organizaciones agrarias los resultados del pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en el que se cerró el acuerdo político entre los 27 Estados miembros para reformar la PAC.

Según el ministro, el acuerdo recoge los objetivos planteados por el Gobierno para desarrollar en España una PAC capaz de dar respuestas a las necesidades del sector agrario.

Esta nueva PAC supone un "cambio profundo" con respecto a la PAC actual por su "fuerte componente" medioambiental, con el 40 % del gasto de esta política destinado a la mitigación de los efectos del cambio climático, ha destacado.

Por primera vez, los Estados miembros podrán elaborar su propio plan estratégico nacional, recogerá la perspectiva de género en su política y dará "un mayor protagonismo" a los jóvenes, a través de la obligación de destinarles al menos el 2% de los fondos.

Planas ha explicado que España elaborará un plan estratégico nacional que tenga en cuenta los diferentes modelos agrarios del país, se centre en la explotación familiar y profesional, facilite la evolución hacia una agricultura más resistente al cambio climático y prepare al sector para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones.

Entre estas demandas se encuentra la de construir un modelo productivo más sostenible medioambientalmente enmarcado en la "arquitectura verde", que tiene como eje principal los denominados ecoesquemas, ayudas complementarias por cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente y que supondrán el 20% del presupuesto de las ayudas directas.

Ha señalado que es una oportunidad que permitirá a los agricultores explorar nuevos nichos de mercado y abrir nuevas expectativas comerciales.

Las nuevas orientaciones medioambientales se aplicarán paulatinamente, tras dos años de "periodo de aprendizaje", para permitir una adaptación gradual.

Así, durante los años 2023 y 2024, todos los fondos no gastados en ecoesquemas se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones.

España pasará el dinero no gastado a la ayuda básica a la renta, en aras a la flexibilidad lograda y defendida por el ministro durante las negociaciones.

Planas también ha informado a las opas de ese 60% de importes de los pagos directos destinados a la ayuda básica a la renta.

Respecto a la limitación de la cuantía máxima por perceptor, los Estados pueden limitarla en 100.000 euros, teniendo en cuenta los gastos de empleo.

En lo que se refiere a los pagos redistributivos, "España ha logrado introducir" criterios de elegibilidad adicionales al tamaño de la explotación.

Para el Gobierno ha sido importante incluir a la aceituna de mesa como sector elegible para las ayudas acopladas o vinculadas a la producción, la posible creación de nuevos programas sectoriales, como el que propone el MAPA para el olivar, el mantenimiento de los que existen para vino, apicultura y frutas y hortalizas (este último, sin techo de gasto) y los programas escolares de distribución de leche y fruta.

En el caso del sector vitivinícola, la fecha de expiración del sistema de autorización para plantaciones de viñedo pasa de 2030 a 2040, demanda que había sido planteada por España y Francia, según ha recordado el ministro.