OPINIÓN

Ley de Cadena Alimentaria, una herramienta al servicio de la rentabilidad del agricultor

martes, 13 de abril de 2021

Foto Miguel Padilla


Antes de que la pandemia nos obligara a detenernos por responsabilidad, todo el sector agrario unido se lanzó a la calle en movilizaciones multitudinarias que reclamaban unos precios justos que cubrieran nuestros crecientes costes de producción. Siempre hemos advertido y denunciado que los precios se conforman desde el final de la cadena de valor hacia el principio, desde el consumidor hasta el productor, y que generalmente sólo nos llegan las migajas. Mientras que el resto de eslabones cubren sus costes y obtienen beneficios, los agricultores y agricultoras nos quedamos con lo que queda, algo que muchas veces no cubre el valor de lo que producimos.


Las históricas tractoradas tuvieron resultados. Sin ser suficientes, desde luego, pero conseguimos una modificación de la Ley de la Cadena por la que se prohíbe destruir valor en la misma. El cambio de concepto es primordial: el precio de cada operación deberá estar por encima de los costes de producción de quien vende. Parece que algunos se han asustado al verlo. Lo preocupante es que no son precisamente las grandes cadenas de distribución las que más ruido están haciendo en contra, sino las propias empresas de comercialización en origen.


Está claro que esta novedad por sí misma no es suficiente y se requieren más medidas, como el control de las importaciones o las medidas efectivas para la gestión de las crisis. Además requerirá de esfuerzo, trabajo de inspección y afinación. Sólo un elemento no puede solventar los problemas graves que nos afectan. Ahora bien, no estamos para desechar posibilidades. Que en una ley se escriba que los precios deben estar por encima de los costes es reconocer que nuestros productos tienen un valor y debe pagarse. La cadena debe retribuir adecuadamente a todos los eslabones y no sólo a los que comercian y no producen. Es un paso adelante necesario para nuestra sostenibilidad.


Sin esta nueva norma el comprador impone su precio de compra. Me dice lo que me va a pagar. Con esta norma, esto no cambiará en principio. El mercado manda. Ahora bien, la norma abre la posibilidad de que yo le comunique a mi comprador una referencia de costes de producción. Si me interesa, en base a esa negociación, podría denunciar que está incumpliendo lo acordado. Ese es el cambio de concepto: se pone a nuestra disposición una herramienta para mejorar nuestra posición negociadora y para denunciar abusos. COAG está, como siempre, a disposición para denunciar en nombre de sus socios.


Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad. Las lagunas aún existentes deben cubrirse con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales abusivas.


Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.


También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE.


Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.


Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.


Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.


Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores.


Miguel Padilla, Presidente de COAG Murcia

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