UGT FICA advierte que la lucha sindical no acaba con la inclusión de la condicionalidad social en la nueva PAC

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha venido exigiendo desde hace años, tanto en los foros nacionales como internacionales, que, con los fondos públicos que la UE recauda en los países miembros vía impuestos, no podían concederse ayudas a empresas agropecuarias que no respetaran las condiciones socio-laborales de las personas trabajadoras del campo.

Por fin, el pasado día 25 de junio se produjo un acuerdo histórico en las negociaciones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que no se conseguía desde hace décadas. Por primera vez, junto a otras novedades, se reconocen las reivindicaciones de las personas trabajadoras del campo, con la inclusión social en el pacto.

Desde UGT FICA hemos seguido todo el proceso de negociación muy de cerca y hemos participado activamente, junto con nuestra Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura, Comercio y Hostelería (EFFAT), que se ha encargado de coordinar una gran movilización social y de búsqueda de apoyos a la condicionalidad social en la nueva PAC.

A lo largo del proceso negociador hemos contado con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se ha posicionado frente a aquellos países que querían pasar de puntillas sobre la condicionalidad social de la PAC. Las reivindicaciones que le trasladamos desde UGT FICA fueron plasmadas por escrito por el ministro Luis Planas durante todo el periodo de negociación.

A este respecto, el secretario del Sector Agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena, ha mostrado su satisfacción “por haber contribuido con nuestras demandas a un logro social de vital importancia para el conjunto de las personas trabajadoras del campo, tanto nacionales, como migrantes”. “No nos cabe duda de que, de ahora en adelante, las condiciones socio-laborales que regulan las relaciones laborales en la agricultura española, en nuestra ganadería y en el conjunto del sector agroalimentario, tendrán que ser cumplidas para poder tener acceso a las ayudas de la PAC”, señala Sebastián Serena.Sin embargo, no todo ha salido como esperábamos. 

“La lucha sindical por el reconocimiento social y laboral de los y las trabajadoras del sector agroalimentarios y especialmente las que trabajan en los campos españoles que, cada día, nos facilitan una alimentación segura y de calidad, va a continuar. De hecho, “nos parece lamentable que el Consejo Europeo haya permitido, entre otras cuestiones que, sean los estados miembros quienes decidan voluntariamente la implementación de la condicionalidad social desde 2023 (fecha de entrada en vigor de la próxima reforma) y que sólo sea obligatoria a partir de enero de 2025”.

Sebastián Serena se muestra convencido de que, bajo la coordinación de la EFFAT y con el apoyo del conjunto de organizaciones sindicales y sociales que nos hemos movilizados en defensa de una PAC más social, “vamos a seguir trabajando para acelerar el proceso de implementación de la condicionalidad social en todos y cada uno de los estados miembros de forma que se pueda garantizar su aplicación en todos ellos desde 2023”. Desde UGT FICA, así lo hemos solicitado al Gobierno de España.

El secretario del Sector Agroalimentario de UGT FICA coincide con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en considerar que el pacto político de la Reforma de la PAC, es “buen acuerdo” para España, pero advierte que “la pelota está ahora en el terreno de juego de los gobiernos nacionales, y que de lo que ahora se trata es de alcanzar “un gran acuerdo nacional” sobre la aplicación de la PAC en España”. Un acuerdo que no sólo se circunscribe “a distribuir entre las comunidades autónomas y agricultores 47.724 millones de euros en los próximos años, sino también en coordinar la forma en que se va a ejecutar la denominada dimensión social de la nueva PAC”.

Además de conseguir que la obligatoriedad entre en vigor antes de 2025, “hay que prever y diseñar aspectos muy importantes, como los mecanismos de control que se deben poner en marcha para detectar a aquellas explotaciones agropecuarias que incumplen las normas laborales, de seguridad e higiene, las condiciones sanitarias, alojamientos dignos, o aquellas otras que incurren en abusos laborales, etc.”

Sebastián Serena considera que “en la ejecución de la nueva PAC se tiene contar con la participación de los representantes de las/os trabajadores y de sus organizaciones”. Desde UGT FICA estamos dispuestos a colaborar “codo con codo” con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así, como de la Inspección de Trabajo y demás autoridades que deben intervenir en los mecanismos de control de la PAC “para asegurar que no se deja atrás a los y las trabajadoras del campo”.

Finalmente, para Sebastián Serena, el acuerdo político de la nueva PAC, junto con la tregua comercial con EEUU, “constituyen una oportunidad de crecimiento económico para España, para su sector agroalimentario y, al mismo tiempo, para promover la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo de los y las trabajadoras del campo tanto nacionales, como migrantes”. “Este es uno de los objetivos prioritarios en los que va a centrar su lucha UGT FICA en los próximos meses”, concluye.