Gobierno y CC.AA abordan hoy en una reunión técnica la negociación de los eco-esquemas de la PAC

El Gobierno y las comunidades autónomas retoman hoy la negociación de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, con una reunión técnica sobre los eco-esquemas, ayudas ligadas a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se reunirá con responsables técnicos de las comunidades para abordar este asunto, tras la Conferencia Sectorial de la semana pasada entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, y los consejeros autonómicos del ramo.

En el último encuentro, las partes coincidieron en avanzar en la negociación técnica de los eco-esquemas, antes de alcanzar un acuerdo político sobre el plan estratégico nacional que permita aplicar la PAC en España.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han confirmado a Efeagro la reunión técnica, que servirá para definir más en detalle estas nuevas ayudas ambientales de la política agraria durante el periodo 2023-27.

Será, además, la primera de una serie de trabajos técnicos entre el Gobierno y las comunidades, que se han propuesto analizar los resultados en una próxima Conferencia Sectorial, prevista entre septiembre y octubre.

La propuesta inicial del MAPA incluye 4.800 millones de euros en ayudas directas, de los que el 60 % son pagos básicos a la renta, y cerca de 1.200 millones para eco-esquemas, todo ello dentro del primer pilar.

Se pretende así que el 23 % de los pagos directos se vinculen a estas ayudas a favor de prácticas sostenibles, junto a un 2 % adicional de los fondos de desarrollo rural.

Las ayudas al desarrollo (Feader) contarán con una cantidad anual total de 1.100 millones de euros, aparte de otros 900 millones para medidas de mercado y programas sectoriales.

En total, a España le corresponden 47.724 millones de euros de la PAC para el próximo periodo, hasta 2027, tras el reparto de fondos pactados por los países de la Unión Europea, que junto a la Eurocámara y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo el pasado junio sobre las normas que regirán estas ayudas.

Cada país debe diseñar antes de final de año un plan estratégico para remitirlo a Bruselas, a la espera de que la Comisión Europea les dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022, de forma que la reforma pueda entrar en vigor en 2023.