Ayudas y Financiación

La UE culmina la nueva PAC: la segunda reforma agrícola más profunda de su historia

miércoles, 24 de noviembre de 2021


Campo cultivo agricultor riego (Foto MAPA)


El Parlamento Europeo (PE) ha dado el visto bueno final este martes a la segunda reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más profunda de la historia de la Unión Europea (UE), que aumenta las medidas ambientales y da más responsabilidad a los Gobiernos en el reparto de ayudas al campo.


El Pleno de la Eurocámara ha ratificado la PAC para 2023-2027, un paso que culmina tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la UE, con la pandemia y la emergencia climática de fondo, así como una acuciante crisis global por el alza de las materias primas.


Se trata de la segunda reforma agrícola de más alcance de la UE, solo superada por la de 1992 (llamada MacSharry), según los ponentes del PE sobre la PAC, el francés Eric Andrieu (socialista) los alemanes Peter Jahr (PPE) y Ulrike Müller (Renew, liberales).


La reglamentación ratificada este martes, que acordaron las instituciones de la UE en junio, entrará en vigor en 2023, ya que en estos momentos se aplica un reglamento transitorio de dos años.


La PAC afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros, 47.724 millones para España.


Entre las novedades principales, la PAC introduce los llamados “eco-esquemas” o pagos que supondrán un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.


Pero sobre todo son innovadores los planes estratégicos nacionales, con los que los países diseñarán el reparto de las ayudas; deberán ser remitidos a la Comisión Europea (CE) antes del 31 de diciembre.


Los ponentes y eurodiputados de todos los grupos políticos, entre ellos los españoles, han remarcado que ahora la pelota está en el tejado de los Gobiernos, para conseguir una aplicación adecuada de esta política.


En España, el Gobierno discute con las comunidades autónomas el plan estratégico, una negociación que transcurre con muchas tiranteces y discrepancias.


Además, la ratificación de la PAC coincide con la convocatoria de manifestaciones por parte de las organizaciones agrarias españolas, por la crisis de rentabilidad y el alza de costes.


En las últimas fases de la reforma, ha transcendido más la llamada "arquitectura verde" de la PAC, pero la normativa aprobada por la Eurocámara incluye novedades interesantes en la gestión de los mercados, como la prórroga del sistema de autorizaciones administrativas y el etiquetado en el caso del vino o la posibilidad de "autorregular" la oferta en un sector, en caso de crisis, como ya se permite en el ámbito lácteo.


También supone la extensión a otros sectores de medidas que ya se aplican en el segmento de frutas y hortalizas para fomentar la comercialización y la concentración.


Uno de los ponentes, el francés Andrieu ha manifestado que la UE ha frenado "una tendencia a dejar de regular los mercados agrícolas" lo que ha atribuido a que la pandemia puso de manifiesto la necesidad de garantizar un suministro y una provisión de alimentos.


Entre las asignaturas pendientes de la PAC, quedan la simplificación y, según la eurodiputada española Clara Aguilera (PSOE), la vigilancia de las importaciones que entran en condiciones desiguales, si bien la parlamentaria ha celebrado el voto de este martes.


Para Juan Ignacio Zoido (PP) es importante que la PAC no haya incluido los principios de la llamada estrategia "De la granja a la mesa", que eleva las exigencias ambientales a la producción agroalimentaria.


Por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), cuyo grupo ha votado en contra de la nueva PAC, ha dicho que es una oportunidad perdida para hacer de ella una política más justa y más verde.


No obstante, por primera vez la PAC incluye una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025. 

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