UdU valora que los perros pastores queden fuera de la Ley de Bienestar Animal

La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su satisfacción por la exclusión de los perros pastores de aquellas cuestiones que habrían impedido su labor con la aprobación definitiva de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal.

La organización ha hecho esta valoración tras el pleno del Congreso que ha aprobado definitivamente esta normativa que excluye a los perros de caza y endurece las sanciones, tras haber votado las enmiendas incluidas en el Senado, de modo que el texto está listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor.

UdU ha destacado su trabajo para que la norma salga adelante excluyendo a los perros pastores de la misma.

Ha asegurado que la versión inicial del proyecto de ley "habría supuesto la imposibilidad de que estos perros continuaran ejerciendo su necesaria actividad en el ámbito de la ganadería extensiva".

Asimismo, ha pedido que las entidades que, según la ley, están destinadas al rescate y rehabilitación de animales de producción, llamados "santuarios", cuando los recojan cumplan "los idénticos requisitos sanitarios y de identificación que se le exigen a la ganadería, para evitar posibles focos de infección". 

ALIVIO PARA LA CAZA

Por su parte, los cazadores han valorado el texto final con el que se ha aprobado en el Parlamento la Ley de bienestar animal porque, tras "mucho trabajo", se excluye de la misma a los perros de caza y a otros animales auxiliares del sector cinegético (como perdices y palomas de reclamo).

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha asegurado a Efeagro que la caza "ha ganado esta batalla" quedándose fuera de una ley "nefasta, ideológica y sin sustento científico".

Gallardo ha recordado que, de haberse aprobado este texto inicial, eso hubiese supuesto la prohibición "de facto" de los perros de caza por el "amplísimo catálogo de prohibiciones y obligaciones" que recogía.

Además, cree que la normativa "no soluciona una emergencia social" sobre el maltrato animal "porque realmente no existe" dicha emergencia.