Gobiernos valenciano y murciano, y Diputación de Alicante se coordinan sobre el trasvase

Representantes de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como de la Diputación Provincial de Alicante, mantuvieron el pasado viernes un encuentro de trabajo para poner en común la estrategia de defensa política y jurídica del trasvase Tajo-Segura.

Según un comunicado de la Diputación alicantina, las demandas contra el aumento de los caudales ecológicos o la revisión de las reglas de explotación han centrado la reunión.

Han participado: el secretario autonómico valenciano de Medio Ambiente, Javier Sendra, el director general de Agua de Murcia, José Sandoval, y su homóloga en la Comunidad, Sabina Galindo, además del presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y su vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

También Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua; Joaquín Melgarejo, miembro de la Comisión Provincial del Agua y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante (UA), y Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la UA

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en Les Corts, la diputada María Gómez, también alcaldesa de Almoradí, y la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, han estado presenes.

Respecto al aumento de los caudales ecológicos fijados en la nueva planificación hidrológica del Tajo, se han expuesto los diferentes argumentos que tanto Diputación como el Gobierno de Murcia y la Generalitat recogen en sus demandas ante el Tribunal Supremo, que se deben formalizar próximamente.

El objetivo, tal y como ha apuntado Serna al término de la reunión, ha sido "poner en común las estrategias y coordinar la defensa para reforzar de esta forma la posición del Levante español ante la nefasta política hídrica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado".

La arbitrariedad y falta de justificación en la fijación de los caudales, que crecen gradualmente hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo de media en los tramos afectados sin que existan estudios técnicos y científicos que avalen la subida, o la falta de coordinación de los planes de cuenca son otros argumentos comunes.

Las tres acompañarán sus demandas con diferentes estudios e informes elaborados por expertos sobre el impacto socioeconómico, medioambiental o hidrológico del recorte del trasvase.

En este sentido, durante el encuentro los técnicos han vuelto a poner de manifiesto que el aumento de los caudales "no garantiza una mejor preservación del ecosistema o de la calidad de las aguas".

Respecto a las normas de explotación, que deberían actualizarse en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica, se ha abogado por que la Diputación de Alicante y los gobiernos de Murcia y Valencia "hagan causa común".

Han decidido plantear al Ministerio de Transición Ecológica una propuesta conjunta en relación con esta cuestión, que supone también un recorte en el agua trasvasada al Segura.

La propuesta pasaría, entre otras cuestiones, por crear un grupo de trabajo técnico entre Administración central y las comunidades autónomas para abordar la actualización de las reglas de explotación.