El Parlamento Europeo ofrece el refuerzo de las denominaciones como una ayuda ante las protestas agrícolas

El Parlamento Europeo (PE) ha celebrado este martes el acuerdo en la Unión Europea (UE) para reforzar las denominaciones de origen, como un apoyo a la producción tradicional y al empleo agrolimentario frente a las importaciones, en un momento de protestas en el campo europeo.

La Eurocámara ha debatido sobre la nueva normativa que ratificará este miércoles, para reforzar el sistema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de alimentos y de bebidas de la UE, que afecta a unos 3.600 productos europeos de calidad, de los que 377 son españoles.

El voto del PE es el último paso para que entre en vigor dicha regulación, pactada por las instituciones de la UE durante la presidencia española, que reforzará la protección de esos sellos, que protegen a una producción por valor de 80.000 millones de euros, un 10 % obtenida por alimentos y bebidas españoles.

España es el tercer país con más productos de calidad (sumando denominaciones de origen, IGP y especialidades tradicionales garantizadas) detrás de Francia y de Italia.

Durante el debate, los eurodiputados han celebrado el "éxito" del acuerdo, por considerar que ofrece herramientas para ayudar a los agricultores y ganaderos, frente a las importaciones y para salvaguardar el empleo.

Además, han subrayado su valor en un momento de "ira" agrícola e incluso de polarización, como se ha visto hace unas horas con el voto de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza.

Principales cambios

El ponente de la Eurocámara para esta normativa, el italiano Paolo de Castro (socialdemócrata) ha detallado las principales novedades: impulso del turismo asociado a las IGP, mayor protección del comercio electrónico y una simplificación del registro.

Las reglas revisadas mejorarán el sistema existente gracias a un procedimiento de registro simplificado más eficiente, lo que reducirá el tiempo de espera entre la solicitud y la inscripción real de la indicación geográfica.

Los Estados miembros podrán designar grupos de productores reconocidos con mayores poderes y responsabilidades.

Por otra parte, el nuevo sistema dará un mayor énfasis a la sostenibilidad.

La comisaria europea de Finanzas, Mairead McGuinness, ha subrayado el valor del acuerdo, en medio de la oleada de protestas, y ha explicado que tras la ratificación, se calcula que la nueva normativa entrará en vigor dentro de un mes.

El presidente de la Comisión Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos), ha celebrado en líneas generales el acuerdo, si bien ha reconocido que le hubiera gustado avanzar más en los trabajos para que se compartiera la gestión de estos sellos con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Alicante.

Precisamente, el traspaso a esa oficina y el mantenimiento de las competencias en la tramitación dentro de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea -como finalmente ha sido el resultado- han sido puntos polémicos en la negociación de la normativa.

La ponente en la sombra del informe parlamentario, Mazaly Aguilar (Vox) ha celebrado que la nueva regulación no haya supuesto cambios y ha remarcado que el acuerdo garantizará "la autenticidad de los productos europeos" y la "protección de los intereses de los productores".

Por su parte, Clara Aguilera (PSOE) ha celebrado la "modernización" del marco legal de las denominaciones y de las IGP y ha resaltado que la nueva norma también protegerá a los alimentos y a las bebidas de calidad en los acuerdos comerciales.

Y María Eugenia Rodríguez Palop (UP) ha reconocido que el acuerdo no soluciona todas las demandas del campo pero ofrece "herramientas" para que la agricultura familiar y social pueda resistir a los "fondos de inversión".

También ha valorado el apartado referente al vino, porque supone avances para las bodegas "pegadas al territorio".

Gabriel Mato (PP) ha añadido que el acuerdo de las denominaciones solo implica beneficios, simplifica las normas y protege frente a los terceros países y lo ha contrapuesto a otras normas "suicidas" pese a que el campo "agoniza", en alusión a la Ley de la Restauración de la Naturaleza, rechazada por el PP.

El ponente de esa polémica ley, el socialista César Luena, ha respondido lamentando el "negacionismo extremista" y ha recalcado que esta última también será positiva.