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Puig cree que el trasvase sigue estando garantizado y pide que cualquier cambio se haga con acuerdo

miércoles, 20 de marzo de 2019



Puig y Oltra comparecencia trasvase (Foto Generalitat Valenciana)


El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la sentencia que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo consolida la norma reguladora del sistema del Tajo-Segura de 2014, por lo que "no hay ruptura con el statu quo", y ha pedido que cualquier cambio en la regulación se haga con acuerdo.


Puig, que se ha reunido con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para analizar la sentencia del Supremo en relación al trasvase, ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación la puesta en marcha de una comisión o "célula permanente" de la Conselleria y la Abogacía de la Generalitat para vigilar que se haga una reformulación "concertada".


El fin que se pretende con este grupo de vigilancia es que no haya una interpretación sesgada de la sentencia, que "no es tan devastadora" como se ha planteado ya que, según Puig, el trasvase continúa estando garantizado y en el "corazón" de la sentencia no hay "un sentimiento antitrasvasista".


Para Puig, el Ministerio debe abrir un proceso "concertado" para hacer ajustes legales por una vía que "no se hizo de la manera adecuada".


La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas de cabecera del río- que no estaban fijados en el plan hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Esto modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.


Al respecto, el president ha mantenido que no tiene por qué modificarse ese volumen ya que la sentencia recoge flexibilidad en los caudales ecológicos en función del momento.


Puig ha manifestado que hay valores de la sentencia que conectan con la política del Gobierno valenciano y ha transmitido tranquilidad a los regantes, que han hecho un esfuerzo en modernización, ahorro y eficiencia que, además de en la Comunitat, se tiene que hacer en el resto de España.


La sentencia, además, consolida la solidaridad porque afianza los usos por encima de las pretensiones territoriales, es decir, se jerarquizan los usos, y abre "una ventana de oportunidad" para legislar "mejor" el sistema del trasvase en cuanto a caudales ecológicos, ha destacado Puig.


El president ha defendido la sostenibilidad ya que, ha dicho, si no hay un río vivo, los más perjudicados son los que están más lejos y la corresponsabilidad, basada en sumar recursos (desalinización, modernización y reutilización), y ha demandado al Gobierno de España invertir más en eficiencia, también en la zona alta del Tajo, en Madrid, ha dicho.


Ha insistido en que la sentencia no habla de cierre del trasvase y ha rechazado hacer una política de confrontación en esta cuestión, que en otras épocas "tanto daño ha hecho".


Preguntado si ha hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que no y que cada uno tiene que defender sus intereses, y ha reiterado que abrir una confrontación en el tema del agua "no es responsable".


Ha defendido, al inicio de su intervención, que se ha estudiado a fondo la sentencia del Supremo para actuar "con rigor" y sin hacer "lecturas interesadas o partidistas". 

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