Castilla-La Mancha recurre el trasvase de noviembre y ya suma recursos 44 desde 2015

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al gabinete jurídico del Ejecutivo recurrir ante los tribunales el trasvase del Tajo al Segura de noviembre de 2020, que derivó 13 hectómetros cúbicos para regadío, con lo que ya son 44 los recursos planteados por Castilla-La Mancha desde 2015.

En rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que el Gobierno autonómico sigue manteniendo la "coherencia" y presentando recursos a los trasvases que son para riego, no los destinados a consumo humano, aunque ha admitido que "no hemos tenido éxito" en las sentencia de los tribunales.

El consejero ha explicado que, en realidad, las reivindicaciones judiciales del Gobierno de Castilla-La Mancha van en contra de la ley, una ley "injusta", ha subrayado, pero que es normativa de obligado cumplimiento, por lo que "es difícil encontrar el defecto, desde el punto de vista normativo, para que los jueces nos den la razón".

El "objetivo último", ha dicho, es, por tanto, que "desaparezca esa ley, se derogue de facto el memorándum y ésto está a punto de suceder": en cuanto se publique la nueva planificación hidrológica del Tajo que incluye un caudal ecológico mínimo, ha explicado.

Ese caudal hidrológico mínimo supondrá "la derogación de la ley y, por tanto, el cambio del equilibrio normativo que regula el trasvase", según Martínez Arroyo, quien ha señalado que es "el objetivo, ambicioso, en el que trabajamos" y dentro del cual se esperan resultados "en breve" en el sentido de que cambien las reglas del trasvase y se priorice a la cuenca cedente frente a la cuenca receptora.

Ha apuntado que no solo se trata de una posición "de justicia" sino que así lo marca la normativa comunitaria en materia de agua y la próxima Ley del Agua de Castilla-La Mancha.

El consejero también ha confiado en que "vea la luz lo antes posible" el real decreto que disminuye la cantidad a trasvasar desde los embalses de cabecera del Tajo cuando se encuentran en nivel 2, que es la situación más habitual para los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de 38 a 27 hectómetros cúbicos (que supone un ahorro de 11 hectómetros en cada trasvase).

Ha recordado el compromiso en este sentido de la vicepresidenta cuarta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ha precisado que si este próximo real decreto hubiera estado en vigor hace cuatro meses se hubieran dejado de trasvasar al Levante 44 hm3.

Este real decreto será "un pequeño avance que tiene que cristalizar de manera más clara en la nueva planificación hidrológica", con el establecimiento de los caudales mínimos ecológicos obligatorios.

"Para nosotros es muy importante avanzar en esa dirección y defendemos los derechos de los ciudadanos del medio rural de nuestra España interior, que tienen derecho a que el agua que está allí donde viven les ayude a poner en práctica sus proyectos de vida", ha argumentado Francisco Martínez Arroyo, quien también ha agregado que es "una defensa" de la España interior de "de un modelo de desarrollo sostenible vinculado, en muchos casos, a una agricultura social que genera empleo".

Ha dejado claro que "no se trata de una guerra entre comunidades autónomas; se trata, simplemente, de un planteamiento de modelo de desarrollo sostenible de nuestro país, de esa España interior que conocemos tan bien en Castilla-La Mancha".