Ecologistas en Acción alerta de que el Mar Menor se encamina hacia un “punto de no retorno” si no se actúa

El Mar Menor se encuentra en un “estado permanente de precolapso” y se encamina a un “punto de no retorno” si no se actúa poniendo en marcha medidas “en el origen” del problema, en lugar de soluciones “de final de tubería” como la recogida de algas que lleva a cabo el Gobierno regional, que son acciones de “mero maquillaje”.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz de Ecologistas en Acción Región Murciana, Natalia Llorente, durante la presentación este jueves, en rueda de prensa, del informe ‘El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica’.

Este análisis recoge cuatro casos. Los tres primeros afectan al hábitat prioritario europeo 1150, denominado lagunas costeras —el Mar Menor, Doñana y la Albufera de Valencia, que representan el 90% del territorio nacional de este hábitat, muy amenazado—, y el cuarto a una provincia entera: Almería.

Llorente ha señalado, en relación al Mar Menor, que “es un caso de libro de lo que ocurre en una laguna cuando se eutrofiza”. “El punto de no retorno llegará y con él su colapso”, ha señalado, advirtiendo que el objetivo es lograr un “punto de equilibrio” que, en ningún caso, podrá ser igual a la situación que había en los años 50 del siglo pasado.

En cuanto a la Ley del Mar Menor, ha apuntado que “muchos aspectos en origen no se están aplicando, o se está haciendo de forma tímida, y la velocidad no es la adecuada para poder solucionar el problema”.

También ha valorado el cierre de casi 10.000 hectáreas de regadíos ilegales, una medida que “ha ayudado” aunque “llega tarde”. Por ello, ha incidido en que “hay que cumplir la ley en toda su extensión”, y ha pedido una mayor concienciación del sector, para que “no siempre tenga que ser a través de la punición y las multas”. “El buen estado de la masa de agua es fundamental también para el sector agrario”, ha añadido.

Respecto a la situación de la provincia de Almería, Humberto Zanesi ha comentado que un mayor control biológico como alternativa a los pesticidas “se ha demostrado que es más rentable y efectivo”, pues “ha incidido de forma positiva en los precios” en origen, al igual que el abonado en verde.

Zanesi, de Ecologistas en Acción Almería, ha asegurado que “la amenaza más grande para el agricultor son los fondos de inversión”, al tiempo que ha subrayado que “hay agricultores que hacen las cosas muy bien” y que “todavía se puede mejorar”.

El representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha hablado del problema social que, junto al ambiental, sufre el parque nacional, y se ha preguntado “cómo es posible que la Confederación Hidrográfica diga que ha cerrado más de 500 pozos y la superficie de cultivo siga siendo la misma”.

Romero ha indicado que la mayoría de los cultivos están en montes públicos que son propiedad de los ayuntamientos de la zona, que van a recibir 70 millones de euros en ayudas, “pero no se les obliga a retirar las toneladas de basura” entra las que viven miles de migrantes africanos en condiciones infrahumanas, y a quienes no les llevan ni cubas de agua potable.

“Vamos a remar en la misma dirección para hacer posible este acuerdo”, ha recalcado Romero, quien ha insistido en que hace también falta un acuerdo medioambiental que evite “repetir errores”, como la no recuperación del cauce natural del Guadiamar.

El coordinador de Tancat de Milia y del Tancat de L’Illa en la Albufera de Valencia, Javier Jiménez Romo, ha dicho que la ‘sopa verde’ del Mar Menor la sufrió la Albufera en los años 80 por la sobreexplotación del río Júcar por “el empeño en cultivar en un desierto como La Mancha”, y ha comentado que de aquella situación “todavía no se ha salido”.

A diferencia de territorios como Doñana con la fresa o del Mar Menor con las hortalizas, que principalmente están destinadas a exportación, en el caso de la Albufera el principal problema es el contrario, la importación, debido a la presión que ejerce el arroz procedente de terceros países a precios muy bajos y ha pedido la “concienciación de la sociedad” a la hora de consumir.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Elena Alter, ha señalado que uno de los objetivos de este informe es “mostrar que los precios que pagamos ahora no incluyen los costes ambientales y sociales” que, si se repercutieran, harían subir el precio de los productos hortofrutícolas.

A su juicio, los precios actuales son “artificiales” debido a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC). Alter ha abogado por un sistema “más local” y ha cuestionado “si hay que comer fresas en invierno” pues “no es una necesidad básica”, una reflexión que no sería la misma en el caso de las verduras.