Los países de la UE tendrán que adaptar la directiva sobre la Cadena Alimentaria a su normativa antes de mayo de 2021

Los países de la Unión Europea (UE) tendrán que adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a la directiva europea 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria "a más tardar el 1 de mayo de 2021".

Así se recoge en el texto de dicha directiva, publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), que precisa que dichas disposiciones han de aplicarse en cada Estado antes del 1 de noviembre de ese mismo año y que la Comisión Europea evaluará su eficacia antes de noviembre de 2025.

La normativa incluye una lista de prácticas prohibidas, como el retraso en el pago de productos ya entregados; la cancelación unilateral tardía de un pedido o su modificación retroactiva; el rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial.

Prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si presentan alguna reclamación o solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a una negligencia del proveedor.

También otras prácticas como la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos, obligar a los agricultores a pagar por publicitar, vender o catalogar sus productos, o la imposición de costes de descuento al proveedor también quedarán prohibidas, a no ser que exista un acuerdo previo.

El Parlamento Europeo, tras aprobar el contenido de la directiva el pasado 12 de marzo, explicaba en un comunicado que las pymes agrícolas y dedicadas al procesado de alimentos pierden en torno a 2.500 y 8.000 millones de euros al año (lo que equivale a entre el 1 % y 2 % de su facturación) como consecuencia de prácticas comerciales desleales.

Ese día, Cooperativas Agro-alimentarias de España valoraba la votación a favor de esta regulación en la Eurocámara, "que sienta las bases para una cadena alimentaria europea más justa y un refuerzo del mercado interior", según han asegurado en un comunicado.

Aún así, destacaban que la directiva tiene "sus limitaciones", ya que "no abarca a todas las empresas proveedoras, sólo a las que facturan menos de 350 millones de euros, y no incluye la venta a pérdidas como práctica desleal".

España cuenta desde 2013 con una normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 12/2013) y desde diciembre de 2018 con otra que regula la prohibición de la venta a pérdidas con más seguridad jurídica (Real Decreto-ley 20/2018).