El juzgado respalda el informe del Seprona y suspende la agricultura junto a la balsa minera de Los Blancos

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha acordado “la suspensión inmediata de toda labor agrícola” en tres parcelas de dos polígonos de Cartagena cercanos a la corta minera de Los Blancos, dando así la razón a un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Además, el tribunal ha suspendido, al igual que solicitaba el Seprona, “la comercialización de los productos cultivados en ellas con destino al consumo humano o animal”, hasta que los suelos no hayan sido descontaminados.

El informe del Seprona, de mediados de octubre, recogía concentraciones “muy elevadas” de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, zinc, o cobre. En relación al plomo, el informe habla de “magnitud inadmisible para el desarrollo agrícola”.

En aquel entonces, el Gobierno regional consideró errónea la interpretación realizada por el Seprona de los datos sobre las parcelas remitida al juez y afirmó que no había riesgo para la salud pública.

En la fundamentación de la resolución, el magistrado analiza cada uno de los presupuestos que deben concurrir de acuerdo con el ordenamiento jurídico para acordar la procedencia de la medida cautelar solicitada (resumidamente: situación jurídica protegible, apariencia de buen derecho y riesgo de producción de un daño, además de los requisitos de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad y accesoriedad), a la vista de las diligencias de investigación practicadas. 

Fundamentalmente, el informe que solicitó el instructor al Seprona para que “se verificara la afectación, impacto de los lixiviados y arrastres de residuos mineros en los suelos agrícolas” próximos a la Corta de los Blancos y la diligencia de toma de muestras en los cultivos existentes en los terrenos afectados. Atestado que concluye que estos en estos suelos existen “elevadas concentraciones de arsénico, cadmio y plomo”.

En base a todo ello, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha adoptado la medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal “para proteger a los potenciales consumidores de los productos cultivados” por elevadas concentraciones de metales.

Además, el auto del juez, notificado este viernes, ordena que esta paralización “deberá ser tramitada, verificada y supervisada por la Dirección General correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previos los trámites y declaraciones oportunos, en su caso”.

Igualmente, se ordena que se remitan los resultados del informe a las direcciones generales de Sanidad Vegetal y Calidad Ambiental, “para la retirada, si procede, de la acreditación como Cultivos Ecológicos” y “para la iniciar, en su caso, los trámites de declaración de los suelos como contaminados”.

“Con la medida cautelar solicitada se trata, por tanto, de proteger a los potenciales consumidores de los productos cultivados en las parcelas afectadas, ante un elevadísimo riesgo de padecer graves enfermedades, pero también de evitar la continuidad delictiva por parte de la investigada, quien durante la instrucción de la presente causa no ha adoptado medidas eficaces de prevención y tratamiento adecuado de los residuos mineros que posee y gestiona”, explica el magistrado instructor.

Por otra parte, el auto acuerda que se requiera “de forma urgente” a Portman Golf para que inicien las medidas necesarias para evitar la erosión eólica y que el agua de lluvia o de escorrentía “penetre en los residuos peligros vertidos y almacenados en La Corta de los Blancos”.

A su vez, ordena que la mercantil realice una balsa de recogida de lixiviados y escorrentías contaminantes y una zanja de hormigón impermeabilizada en el exterior del vertedero. Trabajos que, según la resolución, serán supervisados por el Seprona y la Dirección General competente.

La medida adoptada en la resolución, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de reforma y apelación, “se adopta por el tiempo que esté vigente el presente procedimiento, sin perjuicio de poder dejarse sin efecto o modificarse en cualquier momento durante su tramitación”, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.